Shock desregulatorio del MEF promete S/11.000 millones en 2025, mientras sindicatos alertan sobre retrocesos laborales
Pérez Reyes informó que, de las 511 medidas propuestas, ya se ha implementado el 47 %, incluyendo avances en construcción, transporte y agricultura, con un valor estimado de S/851 millones y S/861 millones en distintos sectores.
La República en GoogleEl ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, informó que el plan de shock desregulatorio impulsado por el Ejecutivo generará un impacto económico de S/11.000 millones en 2025, lo que representaría un incremento de 1% en el Producto Bruto Interno (PBI).
El anuncio se dio en el marco de una nueva reunión con los principales gremios empresariales del país, donde se presentaron los avances de esta estrategia orientada a eliminar trabas normativas que afectan la inversión privada.
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De las 511 medidas previstas, el 47% ya han sido implementadas, con 240 iniciativas en marcha, según el titular del MEF. “Estas mejoras regulatorias deben generar un aumento dinámico en la economía, es decir, se crecerá este año y se tendrá un efecto multiplicador a futuro”, precisó Pérez Reyes.
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El ministro también adelantó que se concluirá en breve la ejecución de 82 medidas adicionales en los sectores de construcción, transporte y almacenamiento, con un impacto económico estimado de S/851 millones. En tanto, se prevén S/861 millones en el rubro agrícola y S/43 millones más distribuidos en actividades de comercio, manufactura y extracción.
Asimismo, se reforzará la asistencia técnica a gobiernos regionales y locales para implementar medidas desregulatorias de forma descentralizada, y se anunció el primer encuentro territorial del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI-T) en Arequipa. Además, el segundo paquete de reformas incluirá entre 15 a 20 medidas adicionales, enfocadas en procesos de evaluación ambiental, ecológica y arqueológica, los cuales han sido señalados como cuellos de botella para grandes proyectos.
Rechazo sindical a medidas del Ejecutivo
Dicho ello, cabe recordar que las principales centrales sindicales del país manifestaron en diversas ocasiones su rechazo a la agenda desregulatoria del Ejecutivo, cuestionando el impacto de estas medidas sobre los derechos laborales y el rol de las organizaciones de trabajadores.
Tanto la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) como la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT PERÚ) denunciaron que el shock desregulatorio representa una campaña encubierta para debilitar las conquistas laborales.
“Ningún modelo de crecimiento será sostenible si se construye sobre la base de la explotación, la desigualdad y la negación de derechos laborales esenciales”, advirtió el secretario general de la CGTP, Gerónimo López.
Asimismo, se cuestionó que este tipo de políticas sean impulsadas sin consulta previa con el movimiento sindical y recordó que experiencias similares, como la Ley MYPE y el régimen agrario, beneficiaron a un reducido grupo de empresas agroexportadoras en perjuicio de los trabajadores.
“La defensa de los derechos humanos laborales es un deber del Estado Constitucional de Derecho, además de ser parte del conjunto de deberes que asume el Estado dentro del sistema interamericano e internacional de los derechos humanos”, añadió López.
La crítica sindical también apunta al uso de contratos temporales y tercerización sin límites, lo que, según indican, ha profundizado la desigualdad y debilitado los sindicatos. En ese sentido, subrayaron la necesidad de preservar los Decretos Supremos N° 001-2022-TR y 014-2022-TR, que brindan protección frente al abuso de estas prácticas.
En la misma línea, Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), expresó en conversación con La República que toda reestructuración del aparato estatal debe respetar los principios del diálogo social.
“Bajo el argumento de fomentar el ahorro o modernizar el Estado, no se pueden imponer medidas a costa de los derechos laborales”, enfatizó Bazán, en referencia a la posible eliminación de 14 programas ministeriales como parte de la creación de una Unidad Central de Inversión Pública.
