Ruth Luque sobre predictamen de Ley Mape: "No puede pretenderse dar una ley pro-ilegalidad"

La publicación del predictamen de la Ley Mape ha generado una serie de cuestionamientos por parte de diversos especialistas, organizaciones de sociedad civil y congresistas. Precisamente, la legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, advirtió que el texto presentado por la Comisión de Energía y Minas no debe ser aprobado tal y como está redactado, ya que podría perpetuar la ilegalidad.

Según indicó a este medio, la propuesta legislativa presenta un mismo esquema que el Reinfo bajo un nuevo nombre. Y es que, ahora se crearía el Registro Nacional de la Pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional (Renapmat), que estaría a cargo del Ministerio de Energía y Minas.

"Lo único que se está haciendo es cambiar de nombre, pero las mismas críticas sobre el Reinfo existen. Primero, se permite que haya una explotación sobre cuerpos de agua, zonas de amortiguamiento y áreas de reserva. Segundo, se fortalece la labor de fiscalización, supervisión y sanción. Además, no se toma en cuenta la posición de los pueblos indígenas y se mantiene la exención de responsabilidad penal, que es la misma crítica que el modelo actual", explicó.

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Cuestionamientos a predictamen de Ley Mape

Para la parlamentaria cusqueña, el predictamen elaborado por el grupo de trabajo que preside Paul Gutiérrez recoge los intereses de ciertos grupos. Prueba de ello es que en el artículo 28 se introduce un pedido expreso de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin): el derecho a servidumbre, que se convertiría en una figura de despojo legalizado de territorios.

"¿Qué significa la servidumbre minera? Que estos espacios donde se están desarrollando, pasen a los titulares sin seguir algún criterio. Al generar la exención de la responsabilidad penal más la servidumbre minera, se está señalando en el fondo que la explotación de la minería puede seguir continuando sin que haya mayor control e intervención del Estado", argumentó.

De igual forma, cuestionó el artículo 21 de la norma que le otorga protección jurídica y laboral a los mineros en vías de formalización inscritos en el nuevo registro frente a actos de hostigamiento, desalojos arbitrarios e interdicciones indiscriminadas. En su opinión, esta disposición debería eliminarse, ya que debilita la acción del Estado para salvaguardar los territorios.

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Para Luque, el predictamen no recoge la posición de los pueblos indígenas ni plantea la obligatoriedad de los instrumentos de gestión ambiental como los compromisos claros para la no utilización del mercurio o su eliminación progresiva. Recuerda que, ha cursado una serie de oficios para que Paul Gutiérrez cite a sus organizaciones representativas, pero no se ha efectuado el recojo de su opinión.

"Se está recogiendo la posición de un sector que tiene intereses sobre un tema determinado, pero no la perspectiva de otro. Además, quiero preguntar: ¿Cómo es posible que el Ministro del Ambiente esté con la boca callada? Debería expresar su preocupación porque van a permitir este tipo de minería en áreas de reserva o zonas de amortiguamiento", manifestó.

Por último, hizo un llamado a sus colegas a corregir el texto del predictamen y a no aprobar una "ley pro-ilegalidad". Anunció que, junto a un grupo de congresistas van a presentar al presidente de la Comisión de Energía y Minas un documento con las observaciones recogidas por la Mesa de Trabajo que realizaron el lunes 2 de junio.

"Espero que mis colegas puedan entender la gravedad del contenido. Si ellos van a avalar un texto de esta naturaleza producto de una presión, lo único que están haciendo y que se va a generar en el Congreso, es la perpetuidad de la ilegalidad. El presidente de la Comisión tiene que garantizar que, así como se pretende generar una figura de servidumbre, se ponga la eliminación progresiva del mercurio. Recuperemos el tema de que ellos respondan penalmente y no se pretenda dar una ley pro-ilegalidad", sentenció.