Solo el 5% de las trabajadoras del hogar en Perú tiene un contrato escrito, según estudio de la OIT

Las trabajadoras del hogar en el Perú todavía realizan sus labores en condiciones informales y discriminatorias. Pese a que existe una norma promulgada en el 2020 y reglamentada al año siguiente, la mayoría de ellas no tienen un contrato formal, seguridad social, vacaciones ni acceden a una pensión de jubilación.

Según un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo el 5% de quienes realizan estas actividades domésticas cuentan con un contrato escrito, documento que garantiza los términos del servicio a prestar y el acceso a derechos y beneficios sociales.

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Si bien Lima concentra el mayor porcentaje de convenios registrados, en regiones como Apurímac, Madre de Dios, Amazonas y otras, el avance es mínimo. Uno de los factores que limitan la inscripción por parte de los empleadores sería lo poco amigable que resulta la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), alerta Leddy Mozombite Linares, secretaria general de la Federación Nacional de las Trabajadoras del Hogar.

“Esa página web del Ministerio de Trabajo no facilita el registro de contratos por parte de los empleadores. Hay quienes sí asumen que las trabajadoras del hogar tenemos este derecho, pero otros no. Los empleadores no deben tener miedo de que una trabajadora esté sindicalizada y a que tenga su contrato”, enfatiza la dirigenta.

En total, se han registrado alrededor de 20.000 contratos en el sistema del MTPE entre el 2020 y 2025, sin tomar en cuenta aquellos previamente inscritos en la Sunat. No obstante, hay otro problema más preocupante: apenas el 9% de las trabajadoras del hogar y el 15% de los empleadores afirman conocer la nueva ley. Ante esta situación, Rocío Valencia, coordinadora del Proyecto Abriendo Puertas de la OIT, señala la necesidad de promover más campañas y alianzas comunicacionales para masificar su divulgación.

Tarea que está contenida en dos disposiciones complementarias del reglamento de la Ley n° 31047, las cuales establecen que el MTPE debe promover campañas de difusión sobre los derechos colectivos de las trabajadoras del hogar. Esto incluye el desarrollo de planes regionales para el fomento de la libertad sindical y negociación colectiva, así como estrategias de comunicación en las lenguas originarias del país.

“El primer factor por el que una trabajadora no exige sus derechos o un empleador no ejerce sus responsabilidades puede estar ligado a un desconocimiento de la ley. También hay otras barreras, pero creo que en la difusión de la ley hay un reto importante”, dice Valencia.

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Informalidad y control

Ahora bien, de acuerdo con la última Encuesta Permanente de Empleo Nacional, el 96,6% de las trabajadoras del hogar se encuentra en situación de informalidad, lo que limita su acceso a derechos como la atención en salud, protección contra despidos injustificados o la jubilación. En todo el país hay 12 millones 387.570 de peruanos y peruanas que no están en planilla ni gozan de beneficios sociales.

Esta falta de garantías laborales prolonga la desigualdad, más aún, si se toma en cuenta que las políticas públicas de los ministerios suelen estar dirigidas a aquellos segmentos que constituyen una porción mayoritaria de la población económicamente activa (PEA), explica la investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Tamia Lavado. En el caso de las trabajadoras del hogar, representan solo el 5,1% de la PEA femenina ocupada.

En total hay 378.0824 personas que se dedican a esta actividad, de las cuales el 95,2% son mujeres, según datos del Ministerio de Trabajo entregados a La República. De ese universo, más de la mitad labora en Lima, mientras que el resto lo hace en el interior. La deuda con ellos ya no es solo legal, sino social porque sostienen la economía de los hogares.

“Mientras una familia está trabajando, nosotros estamos haciendo los quehaceres del hogar y realizamos labores de cuidado en una casa. Entonces, cumplimos un rol importante dentro de la sociedad, pero tenemos muchas dificultades a nivel nacional. Una trabajadora del hogar todavía está percibiendo entre S/500 y S/600 en la completa informalidad. Necesitamos que se cumpla la ley, porque los empleadores no lo hacen”, indica Nelly Salinas, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de La Libertad.

Si bien la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) asegura que ha realizado 333 inspecciones hasta fines de marzo para verificar los regímenes especiales y grupos específicos en trabajadores del hogar, lo cierto es que uno de los principales problemas que se presentan es que los empleadores siguen defendiendo la inviolabilidad de su domicilio.

En esa línea, Rocío Valencia considera necesario revisar los mecanismos y procedimientos de sanciones que tiene la Sunafil para lograr una mayor efectividad en su labor de fiscalización. Esto supone establecer canales de información y orientación para los empleadores y trabajadores, de modo que se garantice el cumplimiento de la norma promulgada en octubre del 2020.

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Tareas pendientes

El aporte a la economía de quienes realizan labores de cuidado ha sido desvalorizado a lo largo de la historia. Si se cuantificara esta actividad no remunerada, tendría una contribución de más de S/200.000 millones, lo cual equivale a 22,6% o 23,4% del PBI en 2021, según un estudio de la OIT. Rocío Valencia señala que dichas cifras podrán ser actualizadas a partir de la publicación de la nueva Encuesta del Uso del Tiempo (ENUT) del 2024.

De igual forma, recuerda que el trabajo de cuidado lo realizan más de 5 millones de peruanos a tiempo completo. De este grupo, 1 millón 517.327 lo hacen de forma remunerada y 3 millones 108.130 no reciben salario alguno. Como es previsible, el 86% son mujeres y 14% hombres, concentrando la fuerza laboral en los sectores de educación (45%), salud (30%) y trabajo del hogar (25%).

Y pese a los avances en materia legislativa, Leddy Mozombite sostiene que hay una serie de temas pendientes que estipula la ley de las trabajadoras del hogar, como actualizar el sistema de liquidación de beneficios sociales, elaborar planes regionales para el fomento de la libertad sindical y la negociación colectiva, así como establecer disposiciones necesarias para hacer efectivas las prestaciones de seguridad social en salud y pensiones.

“Además, el MTPE debe emitir las disposiciones respecto a las agencias privadas de empleo y la guía de orientación para la aplicación de las normas sobre estas en la colocación de personas trabajadoras del hogar. Lo menciono porque siguen cobrando a las trabajadoras, cuando la ley es clara. Ninguna agencia debe hacerlo y descontarles de sus sueldos, sino a los empleadores. Además, engañan a las trabajadoras porque hacen un contrato, pese a que este debe efectuarse entre la trabajadora y el empleador”, añade Mozombite.

Finalmente, la secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar señala la necesidad de agregar un artículo al reglamento de la ley relacionado con la ruta para acceder a la seguridad social por parte de aquellas que laboran a tiempo parcial y las empleadas que no han aportado.

“En el Perú se debe cambiar el chip y reconocer la labor remunerada y no remunerada que realizan las trabajadoras del hogar porque aportamos al desarrollo económico y social del país”, asegura.

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Sistema Nacional de Cuidados

• Tamia Lavado recuerda que, entre el 2022 y 2023, se presentaron iniciativas en el Congreso para reconocer el cuidado como un derecho y establecer un sistema nacional. No obstante, desnaturalizaron la propuesta inicial para aprobar un texto recortado.
• “Todo se desbarató y le quitaron el enfoque de derechos. Yo vi ahí una gran traba política, más que técnica. Se necesitaba regular las políticas que actualmente están dispersas sobre el cuidado”, indica.