Economía

Telefónica del Perú deja de ser proveedor de internet de la PNP tras sanción que bloquea renovación

La PNP designó a un nuevo proveedor, VIETTEL PERÚ S.A.C., que asumirá el servicio de internet y tecnología desde el 6 de noviembre.

Telefónica anunció que la detención en el servicio se debe a una sanción temporal que le impide contratar con el Estado. Foto: Andina/LR
Telefónica anunció que la detención en el servicio se debe a una sanción temporal que le impide contratar con el Estado. Foto: Andina/LR

Telefónica del Perú anunció que ha finalizado el contrato que mantenía con la Policía Nacional del Perú (PNP) para la prestación del servicio de internet, red de datos, integración tecnológica y seguridad informática. La interrupción en la prestación del producto ocurre a raíz de una sanción impuesta a la empresa, la cual la inhabilita temporalmente para contratar con el Estado, impidiendo así la renovación del contrato.

El contrato con la PNP venció el 5 de noviembre, y Telefónica, según la misiva, comunicó con anticipación a la institución sobre la situación para que se tomen las previsiones necesarias. Actualmente ya se designó un nuevo operador de internet para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales para el ejercicio de sus funciones desde julio, según la carta de la empresa proveedora de servicios.

¿Por qué se terminó el contrato entre Telefónica del Perú y la PNP?

Según el comunicado emitido por la empresa española, la relación contractual entre Telefónica del Perú y la PNP se vio afectada por una sanción impuesta a la empresa de telefonía, que prohíbe temporalmente su participación en nuevas contrataciones con el Estado Peruano. Esta situación impidió que el contrato, cuya vigencia culminó el 5 de noviembre, pudiera ser renovado, dejando a la institución policial en necesidad de un nuevo proveedor.

Desde julio del presente año, la PNP tomó la decisión de adjudicar el servicio a un operador alternativo para cubrir las necesidades de conexión e infraestructura tecnológica en sus unidades y comisarías a nivel nacional. Telefónica confirmó que notificó de manera anticipada tanto a la Policía Nacional del Perú como a otras instituciones pertinentes sobre el fin de su participación como proveedor, para que se establezcan las medidas necesarias para la transición de servicios hacia el nuevo operador designado.

 Comunicado de Telefónica informando el fin de su papel como proveedor del servicio de internet a la PNP. Foto: difusión

Comunicado de Telefónica informando el fin de su papel como proveedor del servicio de internet a la PNP. Foto: difusión

¿Cuál es el nuevo proveedor de internet de la PNP?

El Ministerio del Interior informó que, a partir del 6 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el cambio de operador telefónico para la Policía Nacional del Perú (PNP), designando a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. como el nuevo proveedor activo tras la salida de Telefónica.

Este servicio incluye conectividad de datos en banda ancha, una plataforma digital, interconexión para servicios de red e integración tecnológica, así como seguridad informática para todas las unidades policiales a nivel nacional. Según el comunicado, ningún servicio policial fue afectado durante la transición al nuevo contrato.Comunicado sobre nuevo operador de internet de la PNP tras salida de Telefónica. Foto: Difusión

 Comunicado sobre nuevo operador de internet de la PNP tras salida de Telefónica. Foto: Difusión

Comunicado sobre nuevo operador de internet de la PNP tras salida de Telefónica. Foto: Difusión

Telefónica solicitó al Estado más de 1.122 millones de euros por daños y perjuicios tributarios

En octubre de este año, Telefónica del Perú inició un proceso de arbitraje contra el Estado peruano, exigiendo una compensación de más de 1.122 millones de euros por supuestos daños y perjuicios fiscales. La empresa alega que, desde su llegada a Perú en 1994, ha sido objeto de resoluciones fiscales que, en su opinión, violan acuerdos internacionales sobre inversiones, específicamente el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú. Este tratado establece condiciones para proteger las inversiones extranjeras y evitar medidas fiscales que perjudiquen a los inversores.