UE demanda gravar el patrimonio de los ricos
Reforma fiscal. Se podrían recaudar US$250.000 millones de un estrato que juega “al límite de la legalidad” para no declarar.
En épocas en que las economías del mundo apuestan por multiplicar subsidios y encarecer tipos para afrontar la crisis, la Unión Europea (UE) ha pedido discutir, en el seno del G20, a organizarse en noviembre próximo, un nuevo impuesto anual del 2% a las grandes fortunas.
El mensaje es claro: los ricos deben pagar más. Según el informe sobre evasión tributaria elaborado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea (UE), gravar a 2.756 multimillonarios más grandes del orbe generaría un ingreso de US$250.000 millones y ayudaría en la lucha contra las empresas fantasma que utilizan para no declarar.
Para los economistas de la UE, los multimillonarios operan “al límite de la legalidad” porque pueden sortear el pago de sus rentas y hacer contribuciones que apenas figuran entre el 0% y 0,6% de su patrimonio. La estrategia pasa por crear empresas en holdings a fin de transferirse los dividendos de sus acciones entre cuentas propias.
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En contraste, entre el 20% y 50% de los ingresos de los ciudadanos de la UE se diluyen anualmente en impuestos. Se estima que el impuesto personal de los multimillonarios en EE. UU. se acerca al 0,5%, pero llega casi a cero en Francia, país donde la presión fiscal es elevada.
“Hasta la fecha no se ha hecho ningún intento serio para abordar esta situación, que corre el riesgo de socavar la aceptabilidad social de los sistemas tributarios existentes”, señaló Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la UE.
El 2% ahora aplicado al patrimonio, y no a los ingresos, seguiría siendo modesto, pues, además de tener un universo limitado de contribuyentes, la riqueza de los millonarios avanzó a una media de 7% anual desde 1995, descontando inflación.
Estas declaraciones se dan en medio de un pedido para reformar el acuerdo suscrito en 2021 entre 140 países (incluido el Perú) para gravar con un impuesto mínimo global de 15% a las multinacionales que blanquean sus ingresos en paraísos fiscales, el cual se ha visto “debilitado” por maniobras legales durante su implementación.
