Los dictámenes que definirán el futuro de Majes Siguas II en Arequipa

Tras cuatro años, se conocerá el desenlace de la adenda 13 para Majes Siguas II, proyecto detenido que busca irrigar 38.500 hectáreas para la agroexportación. Los integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) decidirán este viernes 25 si permiten o no que la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez firme. La propuesta plantea modificar el sistema de distribución hidráulica ante el riesgo de disponibilidad de agua para la irrigación. En vez de canales abiertos, proponen instalar tuberías cerradas para evitar pérdidas.

Costará US$ 104 millones adicionales. Con ello, pasará de US$ 550 millones a US$ 650 millones. Majes II busca ser autosostenible y recuperar la inversión con la venta de tierras y agua. La Comisión de Agricultura del CRA presentó dos dictámenes, uno de mayoría de los consejeros Elmer Pinto y Edy Medina; y otro de minoría de autoría de Harberth Zúñiga.

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El dictamen de Zúñiga toca varios puntos. Empieza descartando un nuevo proceso de selección para Majes II. Esto porque con la adenda 13 el costo total del proyecto supera el 19% en incremento. Toma los argumentos de Autodema: incluir a la adenda como un componente nuevo es inviable; y que rescindir el contrato a Cobra llevaría a un arbitraje. También recuerda que, por mayoría, el CRA aprobó el acuerdo regional N° 047-2020 para la adenda. Con ello, permitió que se gestionen en el Congreso las garantías soberanas para financiar los US$ 104 millones necesarios.

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Luego, expone que el “cambio tecnológico” pasó las evaluaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Proinversión y Contraloría: el MEF concluye que el modelo económico-financiero no se altera por la adenda; y Proinversión, que no se altera el contrato ni se genera beneficio adicional a Cobra. Sobre los cuatro riesgos detectados por Contraloría, el dictamen señala que se tomaron planes de acción para mitigarla. Aquí se omite que Cobra no aceptó atender las recomendaciones por los riesgos. Citando a Autodema se indica que “los riesgos señalados adolecen de fundamento jurídico”.

De no aprobarse

Pinto y Medina analizan el financiamiento. Explican que los US$ 104 millones se pagarán en dos cuotas de US$ 54 millones a Cobra. Cuestionan el excedente de US$ 4 millones. Ese monto deberá cubrirse con venta de tierras o presupuesto del concedente (GRA) en caso los recursos sean insuficientes. Así lo señala el proyecto de adenda.

Sobre que los ingresos por venta de tierras, entre US$ 204 y US$ 304 millones, que cubrirían largamente la adenda, precisan que no es un “excedente” ya que el GRA necesita los recursos para pagar los préstamos que ha asumido ante el Estado y la CAF para ejecutar el proyecto. Esgrimen que el TUO considera cambios tecnológicos, pero sin que reconozca pagos adicionales.

Recurren al Acuerdo de Entendimiento del 2016, en el que la segunda cláusula establece que “se podrá mejorar el proyecto, pero a riesgo del concedente”. Además, aseguran que la disminución de la cuota de agua y la pérdida de recurso en la conducción ya estaban contempladas en el TUO, como argumentó la Contraloría.

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El planteamiento de Zúñiga señala que no se podía prever la disminución de la cuota de agua del río Apurímac, así como las pérdidas de 5% del agua en los canales abiertos, que ponen el riesgo el valor de las tierras. No obstante, contempla la posibilidad de continuar sin adenda, con esta misma tecnología. Autodema en el dictamen señala que se perderían 31,8 hm3 y que se perjudicarían 2.355 hectáreas.

La propuesta contraria a la adenda 13 señala que el cambio tecnológico no tiene sustento técnico suficiente y que, por ende, no existe razón para elevar el costo del proyecto. Hay que precisar que el cambio climático sí fue calificado por Contraloría como nueva circunstancia. “Independientemente de la aceptación de esta propuesta, la concesionaria mantiene la obligación de ejecutar el proyecto”, refieren.