Arequipa: piden a Consejo Regional fiscalizar adenda 13 para Majes II
Según el Instituto Solidaria Perú, aún no se han dilucidado varios temas concernientes a la adenda 13 para que los consejeros finalmente puedan emitir su voto. Mediante una carta, la institución recomienda una serie de acciones previas al debate.
El 21 de febrero, la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa (CRA), liderado por Elmer Pinto, debería presentar su dictamen para decidir si la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez debe firmar o no la adenda 13 para Majes Siguas II. Son 45 días calendario para que una comisión elabore este documento.
Sin embargo, para el Instituto Solidaria Perú, aún no se han dilucidado varios temas concernientes a la adenda 13 para que los consejeros finalmente puedan emitir su voto. El 14 de febrero último, mediante una carta dirigida al presidente del CRA, José Luis Hancco, el representante legal de Solidaria Perú, Arturo Salas, recomienda una serie de acciones previas al debate de aprobación (o no) del “cambio tecnológico” (adenda 13) por US$ 104 millones al proyecto agroindustrial.
Salas explicó que también es función del CRA la fiscalización y que, por ende, es responsable de verificar si dicho expediente de la adenda “se encuadra en el marco legal”. Recalca la necesidad debido a que diversos funcionarios, entre ellos el suspendido gobernador Elmer Cáceres Llica, o el exgerente de Autodema Napoleón Ocsa, son investigados por integrar una presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor.
Por otro lado, diversos especialistas indican que los consejeros son pasibles a ser denunciados por omisión de funciones si no debaten la adenda 13. Salas señaló lo propio si no esclarecen varios temas en su función fiscalizadora. “El Consejo tiene la obligación de verificar si el expediente técnico en fidedigno. Es su deber que todo esté saneado. Si no lo hace, pueden ser denunciados penalmente”, aseveró Salas.
En el documento señala que el CRA debe requerir a Cobra, concesionaria de Majes Siguas II, documentación relacionada a la venta de Cobra por su dueña ACS al grupo francés Vinci, y solicitar de manera documental por qué su negativa de atender los cuatro riesgos advertidos por Contraloría en la adenda 13. Además, afirma que se debe verificar que el expediente de la adenda entregada a ProInversión, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Contraloría es consistente y fidedigno, entre otros.
“Si no hacen estas constataciones con adenda 13 o sin ella, la obra terminará entrampándose por cualquiera de estos motivos”, aprecia Salas. Estos mismos requerimientos los comunicó a la Fiscalía para que los realice en el marco de la investigación preliminar que realiza sobre los aplazamientos para la construcción de la megaobra. Pidió que se cite a la gobernadora Gutiérrez y al gerente actual de Autodema, Arturo Arroyo, y al consejero Elmer Pinto para que den su declaración sobre esos aspectos. La Fiscalía tendrá potestad de aceptar o no su requerimiento. Acotó que la gobernadora también sería pasible de investigaciones o denuncias si es que se aprueba la adenda 13.
