
Un operativo antidrogas en la comunidad nativa Bellavista Callarú, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto, generó controversia luego de que pobladores alegaran un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la afectación a civiles durante la intervención.
El alcalde del centro poblado Bellavista Callarú, Desiderio Flores, afirmó en redes sociales que el ingreso de efectivos del Comando Unificado PUMA habría dejado personas heridas y denunció la muerte de un menor de 12 años durante el operativo. Además, cuestionó que la población de la zona enfrente históricamente problemas de acceso a servicios básicos como salud y educación.
Según testimonios difundidos por medios locales, el operativo también habría dejado varias viviendas incendiadas y dos personas heridas. Asimismo, los habitantes de la comunidad aseguraron que tres menores permanecen desaparecidos tras la intervención. Hasta el cierre de esta nota, las denuncias no han sido confirmadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional ni el Ministerio Público.
Según el Comando Unificado PUMA, la intervención tenía como objetivo desarticular actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas en esta zona fronteriza con Colombia y Brasil.
Durante el operativo, las fuerzas del orden informaron que destruyeron laboratorios clandestinos, además de incautar combustibles, insumos químicos y materiales que presuntamente eran utilizados para la elaboración de droga.
La institución señaló que, mientras se desarrollaba la intervención, los agentes fueron atacados con disparos desde embarcaciones ubicadas en la zona. Ante ello, indicaron que el personal respondió al fuego para proteger su integridad.
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El Comando Unificado PUMA indicó que luego del enfrentamiento observaron una embarcación con varias personas heridas, entre ellas un menor de edad, quienes se habrían retirado del lugar sin recibir atención médica.
Sin embargo, dirigentes y pobladores de Bellavista Callarú sostienen una versión distinta y señalan que los afectados serían habitantes de la comunidad que no estarían involucrados en actividades ilícitas.
Pobladores y autoridades locales solicitaron la intervención de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para investigar lo ocurrido, determinar si durante el operativo se respetaron los protocolos de uso de la fuerza y establecer las responsabilidades que correspondan. La comunidad también exigió que se garantice la protección de la población civil y que los hechos sean esclarecidos con transparencia.
De acuerdo con el Comando Unificado PUMA, la acción contra organizaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico habría generado pérdidas económicas superiores a los US$28.000 por la destrucción de infraestructura e insumos ilegales.





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