Contraloría detecta irregularidades en contrato del puerto de Chancay y pide acciones penales contra responsables

Como resultado de una auditoría a los procesos de suscripción del contrato y de las adendas de inversión en relación con el puerto de Chancay, así como a la licencia portuaria y a la fiscalización ambiental aplicada al proyecto, la Contraloría encontró deficiencias e incumplimientos por parte de las autoridades competentes, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada).

En el caso de Proinversión, la Contraloría le atribuye haber "validado, tramitado y suscrito" el contrato de inversión con los representantes de la empresa inversionista Terminales Portuarios Chancay (ahora Cosco Shipping Ports Chancay Perú), quienes "no contaban con el poder que los acreditaba legalmente" para firmar el contrato.

Pese a esta observación, Proinversión siguió con el proceso y entregó el contrato al MTC, que no solo lo suscribió, sino que también aprobó cinco adendas por una inversión de US$789,6 millones.

Como resultado, se le concedió a Cosco Shipping "el beneficio de recuperación anticipada del IGV por S/527.797.756 en perjuicio del Estado", señala el informe de cumplimiento de la Contraloría.

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Los hallazgos de auditoría

La acción de cumplimiento es un proceso de auditoría que busca determinar si las entidades públicas actuaron según las normas durante el proceso de concesión y suscripción de un contrato, y si posteriormente han desplegado acciones de fiscalización.

En este caso, la Contraloría señala que ha encontrado "un contrato celebrado sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable".

El contrato de inversión fue firmado el 26 de agosto de 2016.

Respecto a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la auditoría de cumplimiento detectó que, en 2021, los funcionarios de esta entidad concedieron a Cosco Shipping la habilitación portuaria de la Nueva Etapa 1 del terminal portuario multipropósito de Chancay y, en 2024, le otorgaron una segunda modificación, no obstante que el inversionista entregó un expediente técnico que "no guardaba concordancia con  la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel, ni incorporaba la medida de protección ambiental denominada Sistema de Geotubos".

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Ojos que no ven

Durante la inspección del avance de la obra, los funcionarios de la APN no exigieron al inversionista la adopción de medidas cuando la ejecución del túnel seguía un trazo diferente al acordado, lo que permitió que se continuara con la construcción y el posterior funcionamiento del puerto, pero "sin cumplir con los requisitos legales y sin aplicarse acciones correctivas, lo que benefició al administrado (Cosco Shipping)".

La auditoría de cumplimiento de la Contraloría alcanza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por no haber actuado ante tres graves incidentes, pese a haber contado con la información correspondiente: a) la variación del trazo del túnel; b) la suspensión del trasvase de arena; y c) la verificación del mantenimiento del geotubo del puerto multipropósito de Chancay.

El Estado no pudo aplicar eventuales sanciones al inversionista porque el MTC "no sustentó oportunamente el inicio de procedimientos administrativos sancionadores por presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales" por parte de Cosco Shipping, señala la Contraloría.

Entre 2023 y 2025, la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección General de Asuntos Ambientales, organismos del MTC, detectaron presuntas deficiencias, pero validaron el descargo del inversionista. Sin embargo, para la Contraloría, las respuestas de la empresa no fueron satisfactorias y se debieron iniciar acciones sancionadoras. Por ejemplo, en 2023, los inspectores hallaron que la construcción del túnel se ejecutaba "sobre un trazo que no contaba con certificación ambiental". No existió sanción.

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Funcionarios deben responder

El informe de la Contraloría recomienda que la Procuraduría Anticorrupción inicie acciones legales contra los funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional, "por el otorgamiento de habilitación portuaria de la Nueva Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay en el año 2021 y a la modificación en el año 2024, tramitados ante la APN por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú".

Estos funcionarios de la APN facilitaron que "Cosco Shipping Ports Chancay Perú inicie y ejecute las obras y, posteriormente, (emprenda) la operación del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay sin contar con todos los requisitos legales aplicables al expediente técnico y la habilitación portuaria, respecto al componente túnel y al sistema de geotubos; y sin que se hayan formulado las acciones correctivas necesarias durante la realización de inspecciones a la construcción del túnel".

La auditoría también recomienda a la Procuraduría Pública iniciar acciones legales contra los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Proinversión que participaron en la formulación del contrato con Cosco Shipping, cuyos representantes no estaban validados legalmente, e incumplieron además "la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable". Esto permitió, en consecuencia, que el inversionista accediera a la devolución tributaria del IGV hasta por S/527,7 millones, "sin que se haya acreditado el cumplimiento integral de los requisitos legales exigidos para el otorgamiento y permanencia de dicho beneficio, en perjuicio al Estado".

Funcionarios implicados con recomendación para acciones penales

• Yris Ríos Barzola, Directora (e) Servicios al Inversionista Proinversión
• Luz Orellana Bautista, Jefa Oficina de Asesoría Jurídica de Proinversión
• Heidi Maguiña Meléndez, Asesora legal Oficina de Asesoría Jurídica de Proinversión
• Shary Sotil Santander, Asesora legal Oficina de Asesoría Jurídica de Proinversión