Contraloría: Mininter favoreció a empresa que ofertó el monto más caro por 44 “rochabuses”
La Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Mininter concedió, sin sustento, el mayor puntaje a una compañía de Emiratos Árabes Unidos, dejando de lado la propuesta de una firma de Turquía, que resultaba más barata por una diferencia de US$748.575.
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Una revisión del proceso de licitación internacional para la adquisición de 44 motobombas antidisturbios o ‘rochabuses’ para la Policía Nacional detectó que los funcionarios del Ministerio del Interior otorgaron un puntaje carente de fundamento a la empresa International Armoured Group (IAG), de Emiratos Árabes Unidos.
El informe de la Oficina de Control Institucional (OCI) del Ministerio del Interior señala que los funcionarios de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) validaron incorrectamente —por decir lo menos— los documentos que IAG entregó sobre su experiencia en la venta de motobombas.
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Pese a que la oferta de IAG era superior a la de otros postores, la OGAF le adjudicó un contrato por US$25.247.575.
Por ejemplo, la compañía turca Katmerciler pidió US$24.499.000 por los 44 ‘rochabuses’: un total de US$748.757 menos que la firma árabe IAG.
Favoritismo en evidencia
Precisamente, el representante de Katmerciler remitió un reporte a la OCI del Mininter dando cuenta de lo que consideraba un caso de vulneración de las bases de la licitación por parte de los funcionarios de la OGAF. Les imputaba orientar la contratación a favor de la empresa IAG, de Emiratos Árabes Unidos, y validar información falsa sobre su experiencia como vendedora de motobombas.
“Se adjudicó la oferta más cara (de IAG), sin habernos otorgado puntaje alguno en nuestra experiencia como postor a fin de no otorgarnos los 100 puntos que nos correspondían”, se quejó el representante de la firma turca Katmerciler, Mehmet Katmerci.
La OCI del Mininter verificó la documentación del proceso de licitación y confirmó que los funcionarios de la OGAF del Mininter otorgaron un puntaje sin sustento a IAG para que ganara el contrato millonario y prefirieron la propuesta más cuantiosa, con lo que afectaron la eficacia de los recursos públicos asignados.
Verificación de documentos
“Se advierte que los documentos presentados para su acreditación identifican como empresas proveedoras que no corresponden al postor International Armoured Group (IAG). (Además), se advierte que los bienes a los que hacen referencia los documentos no corresponden a bienes iguales o similares a los establecidos en las bases administrativas (vehículos antidisturbios motobombas)”, concluye la OCI del Mininter.
“La totalidad de los documentos presentados por el postor IAG para acreditar su experiencia (...) no cumple con el requisito que señala que estos deben ser documentos públicos del país del fabricante”, explica la acción de control.
La República informó recientemente sobre este caso reportado por la empresa turca Katmerciler, pero el Ministerio del Interior siguió adelante con la contratación.
No es la primera vez que la Contraloría detecta hechos similares de funcionarios de la OGAF que violan las bases de la licitación para orientar las contrataciones en favor de determinado proveedor. Esto ha sucedido en la adquisición de un avión de transporte a una empresa fantasma de Emiratos Árabes Unidos, la compra de pistolas y chalecos antibalas, entre otros casos.
Reiterada conducta
En varios casos se anularon los procesos.
En un oficio dirigido al ministro del Interior, José Zapata Morante, la OCI le demanda que intervenga para corregir la adjudicación que concedieron los funcionarios de la OGAF a IAG, de Emiratos Árabes Unidos.
“La OGAF otorgó (a la empresa) IAG el puntaje máximo en el factor de evaluación ‘Experiencia del Postor’, permitiéndole obtener el primer lugar en el orden de prelación y en consecuencia la adjudicación de la buena pro, pese a que la experiencia acreditada (por IAG) no se ajustaría a las condiciones establecidas en las bases administrativas”, informa la OCI al ministro del Interior.
Y le advierte: “Esta situación pone en riesgo que la entidad (el Ministerio del Interior) no seleccione la oferta más favorable”.



































