
La crisis alimentaria en el Perú requiere medidas que vayan más allá de la asistencia inmediata y apunten a resolver problemas estructurales. Bajo esa premisa, el decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Jaime Antonio Ruiz Béjar, planteó una estrategia basada en producción animal sostenible, infraestructura rural y acceso a servicios básicos como respuesta al aumento de la inseguridad alimentaria en el país.
La propuesta surge luego de que un reciente estudio de la Universidad del Pacífico advirtiera que más del 50% de los peruanos vive actualmente en situación de inseguridad alimentaria y que más del 20% enfrenta niveles severos, cifras que superan el promedio registrado en América Latina.
Para Ruiz Béjar, la lucha contra la desnutrición y la anemia no debe limitarse únicamente al ámbito sanitario. Según sostuvo, estos problemas también están vinculados con deficiencias históricas en planificación territorial, acceso al agua potable, saneamiento y disponibilidad de alimentos con alto valor nutricional.
“El problema no puede seguir abordándose solo desde la medicina. La anemia y la desnutrición son también consecuencia de la falta de planificación territorial, agua potable, saneamiento y acceso a proteínas de calidad”, señaló.
En esa línea, el representante del gremio de ingenieros indicó que es necesario fortalecer el desarrollo productivo en las zonas rurales mediante políticas orientadas a incrementar la producción sostenible de alimentos de origen animal.
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Entre las medidas planteadas figura el impulso a especies nativas como cuyes, alpacas y llamas, debido a su valor nutricional y a su adaptación natural a los ecosistemas altoandinos.
El planteamiento también contempla redirigir el gasto público desde programas de carácter asistencial hacia inversiones que permitan mejorar la productividad rural y ampliar oportunidades económicas para los sectores más vulnerables.
Según el estudio citado, entre las principales causas de la inseguridad alimentaria figuran la baja productividad agraria, deficiencias en la focalización de programas alimentarios y la falta de acceso a servicios esenciales como agua potable y electricidad.
Ruiz Béjar sostuvo, además, que la respuesta frente al problema debe involucrar distintas áreas del Estado y priorizar obras que permitan cerrar brechas estructurales.
Entre las acciones propuestas figuran el acceso universal al agua potable, el fortalecimiento del saneamiento básico, la mejora de vías de acceso y la implementación de pequeñas plantas de procesamiento alimentario en zonas alejadas.
“El país ya cuenta con conocimiento técnico y científico suficiente para enfrentar la crisis alimentaria, pero hace falta voluntad política para convertir esas capacidades en políticas públicas sostenibles y medibles”, concluyó el decano del CIP.
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