Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

El suboficial de la Policía Nacional del Perú Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, de 30 años, murió durante un operativo para liberar dos embarcaciones petroleras retenidas en la comunidad de Providencia, en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto Nauta.

La intervención se realizó durante la madrugada de este lunes 27 de abril, luego de que la empresa RICSA denunciara el secuestro de siete trabajadores y la exigencia de S/2 millones para permitir el tránsito de la barcaza Pacífico XIX y el remolcador Coseda I, que transportaban 10.500 barriles de crudo con destino a la Refinería Iquitos.

Según información preliminar, el enfrentamiento se produjo entre agentes policiales y miembros de la comunidad indígena que mantenían retenidas las unidades fluviales. Además del suboficial fallecido, el suboficial de tercera Abraham Saldaña Sánchez (32) resultó herido en el hombro y fue trasladado para recibir atención médica. Asimismo, se reportó que al menos tres comuneros habrían resultado heridos durante la intervención.

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El general de la Región Policial Loreto, Enrique Mego Avellaneda, informó que Neyra Abanto fue evacuado al hospital regional, donde se confirmó su fallecimiento durante la mañana. También precisó que no se logró ubicar al motorista de la barcaza y que, aunque la Policía tomó el control de la embarcación, no pudo ponerla en funcionamiento porque habían retirado piezas de los motores.

“El objetivo era liberar la barcaza y a los tripulantes que, al parecer, estaban siendo retenidos. Hemos tomado el control de la embarcación, pero no se pudo activar porque habían retirado piezas de los motores”, señaló.

El jefe policial agregó que, cuando se intentaba poner en marcha la nave con apoyo de personal de la Marina de Guerra del Perú, se produjo un ataque desde la espesura de la selva. “Ahí ha habido disparos por parte de los pobladores”, indicó.

Como resultado de las diligencias, se logró el rescate de tres de las cinco personas retenidas, mientras continúan las acciones para ubicar y liberar a los demás tripulantes. Entre ellos se encuentra Francisco Guerra Cartagena, quien sería el patrón de una de las embarcaciones y permanece incomunicado desde que ocurrió la retención, por lo que su hija pidió apoyo para lograr su pronta liberación.

Empresa denunció secuestro y extorsión desde el 12 de abril

El caso se originó el 12 de abril, cuando RICSA denunció que un grupo de aproximadamente 25 personas interceptó violentamente un convoy fluvial en el río Corrientes y obligó a los tripulantes a desviar su ruta hacia el puerto de Providencia.

La compañía señaló que la barcaza Pacífico XIX y el remolcador Coseda I quedaron retenidos, mientras siete trabajadores fueron amenazados y agredidos. Además, presentó denuncias por secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la Fiscalía Provincial Penal de Nauta.

Sin embargo, comunidades indígenas de la zona vienen exigiendo desde hace semanas mayor presencia del Estado frente a los problemas de contaminación ambiental y afectaciones vinculadas a la actividad petrolera, además de atención a demandas históricas relacionadas con servicios básicos y salud.

La permanencia del crudo sin supervisión técnica también ha generado preocupación por un posible impacto ambiental en el río Corrientes, debido al riesgo que representa mantener la carga petrolera retenida sin control especializado.

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Fiscalía investiga audios y presuntas exigencias económicas

RICSA identificó como principal implicado al apu de la comunidad de Providencia, Manuel Peraza Sandi, a quien acusa de exigir S/2 millones para liberar al personal y la embarcación. También fueron mencionados el teniente gobernador Gary Peraza Valera y el dirigente Isaías Saboya Mayanchi.

La defensa legal de la empresa presentó audios ante el Ministerio Público que, según indicó, vincularían al dirigente comunal con las presuntas exigencias económicas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el enfrentamiento, determinar responsabilidades por la muerte del agente policial y restablecer el orden en esta zona de la Amazonía marcada por conflictos sociales y actividades extractivas.

Impacto ambiental tras 50 años de actividad

En un informe, documentado en el Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, publicado en 2022 por el Ministerio de Energía y Minas y el PNUD, se advierte que, tras 50 años de actividad petrolera, la zona se ha convertido en un escenario de degradación ambiental sistemática, con ecosistemas frágiles contaminados y comunidades cuya salud y servicios básicos han sido vulnerados.

Esta realidad habría transformado al río Corrientes en lo que especialistas denominan una "zona de sacrificio", que habrían sido creadas por políticas públicas, donde la desconfianza hacia las instituciones del Estado y el incumplimiento de las remediaciones ambientales han pavimentado el camino hacia la radicalización y el conflicto social.

Para el sector eclesiástico, el análisis de estos documentos técnicos refuerza la idea de que la muerte del suboficial Neyra Abanto ocurre en un territorio donde la ausencia de justicia ambiental ha fracturado la paz social. Si bien la violencia es injustificable, el ETI subraya que la falta de mecanismos adecuados de comunicación y la persistente exposición a metales pesados han generado un clima de desesperación en las comunidades nativas e indígenas.