
La reciente modificación del artículo 25 de la Ley de Salud Mental aprobada por el Congreso del Perú establece que los psicólogos colegiados están facultados para participar en el proceso de diagnóstico, junto a otros profesionales de la sanidad.
La norma señala que esto dejó de ser un acto único y se convierte en un procedimiento integral, en el que intervienen especialistas como médicos, enfermeros, entre otros, de acuerdo con sus competencias.
Desde el Colegio de Psicólogos del Perú, su decana nacional, Teresa Machado, sostuvo que la medida no amplía funciones, sino que reconoce responsabilidades ya contempladas en su ley profesional. “Nosotros tenemos competencias desde la detección en el ámbito psicosocial. Aquí hay una confusión. No medicamos, intervenimos a través de terapias”, explicó.
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Asimismo, precisó que el trabajo del psicólogo abarca la evaluación de aspectos cognitivos, emocionales, conductuales y del entorno social, lo que permite abordar problemas como ansiedad, depresión o violencia desde un enfoque preventivo. “No estamos buscando confrontación por un término. Nuestro interés está en la prevención y en brindar herramientas a las personas para enfrentar sus dificultades”, añadió.
En contraste, el vocero de la Asociación Psiquiátrica Peruana, Juan Carlos Ocampo, advirtió sobre la necesidad de diferenciar los niveles de valoración y explicó: “Los problemas de salud mental incluyen estrés, violencia o dificultades emocionales, donde el psicólogo cumple un rol fundamental. Pero los trastornos mentales son multidimensionales y requieren observación biológica, psicológica y social. Ahí el diagnóstico final debe ser del médico”.
Ocampo alertó que una mala interpretación de la norma podría generar errores. “Hay pacientes que llegan con pronósticos equivocados cuando en realidad tienen enfermedades neurológicas, hormonales o incluso cuadros oncológicos. Si no se identifican esas causas, se afecta el tratamiento”, sostuvo.
Además, advirtió sobre posibles contradicciones si no existe coordinación. “El riesgo es que cada uno diagnostique por su cuenta sin dialogar. Eso, en lugar de mejorar el sistema, puede precarizar la atención”, enfatizó.
Ambas posiciones coinciden en la importancia del trabajo articulado, especialmente ante las limitaciones del sistema. Machado señaló que persisten brechas en personal, infraestructura y presupuesto. Según indicó, menos de 700 psicólogos atienden en más de 50.000 instituciones educativas públicas a nivel nacional.
El presupuesto destinado sigue siendo limitado, lo que restringe la cobertura y el fortalecimiento de servicios comunitarios. En ese contexto, consideró que la norma puede aportar al acceso, pero no es suficiente. “Falta voluntad política para cerrar brechas en salud mental. No solo es una cuestión de normas, sino de recursos y sostenibilidad del sistema”, afirmó.
La aplicación de la ley dependerá de su reglamento, que deberá precisar las funciones de cada profesional con el fin de garantizar una atención adecuada en un contexto donde el 40% de jóvenes presenta dificultades clínicas, según estudios recientes.
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