Extorsiones obligan a empresas de Lima y Callao a trabajar con menos del 50% de su flota

El sector transporte en Lima y Callao atraviesa una de sus peores crisis en los últimos años, marcada por el incremento de extorsiones y asesinatos contra conductores. Diversos gremios advierten que varias empresas ya quebraron, mientras otras operan al límite de su sostenibilidad debido al cobro sistemático de cupos por parte de organizaciones criminales.

La situación impacta directamente en la operatividad del servicio. Según representantes del rubro, muchas compañías apenas logran mantener entre el 30% y 40% de su capacidad, lo que reduce la oferta de unidades en circulación y afecta la movilidad de miles de ciudadanos.

Escasez de choferes por temor a la violencia

Uno de los efectos más críticos de esta problemática es la falta de conductores. Héctor Vargas, vocero de transportistas, señaló que numerosos choferes optaron por abandonar el sector ante el riesgo constante de ser víctimas de ataques durante sus jornadas laborales.

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Este escenario genera que varias rutas queden desatendidas o funcionen con menos frecuencia, lo que incrementa los tiempos de espera y la congestión en distintos puntos de la capital. La percepción de inseguridad se convierte en un factor determinante para la continuidad laboral en el rubro.

Flotas paralizadas y deudas en aumento

La crisis también se refleja en la paralización de unidades. Waldo Poma, presidente de Anitra, informó que más del 50% de las flotas están detenidas, mientras las empresas continúan asumiendo costos operativos sin ingresos suficientes.

A ello se suma un dato alarmante: más del 90% de las empresas del sector ya fue víctima de extorsión. Esta situación evidencia el aumento de las organizaciones criminales en el transporte público y afecta no solo la economía de las empresas, sino también la seguridad de trabajadores y usuarios.

Transportistas evalúan paro indefinido

Frente a este panorama, los gremios no descartan acatar un paro indefinido como medida de protesta. Los transportistas advierten que, si no se implementan acciones inmediatas por parte del Gobierno para garantizar la seguridad, estarán obligados a suspender el servicio.