
Bonet Miraval Camones, conductor de la empresa Transporte Pesquero, fue ultimado por dos presuntos extorsionadores, quienes le dispararon hasta siete veces mientras cumplía con su ruta habitual en Santa Anita. Sin embargo, el caso dio un giro cuando el general de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, afirmó que Miraval estaba relacionado con una banda de extorsionadores y que el crimen sería un ajuste de cuentas.
Ante estas declaraciones, parientes y compañeros de trabajo de Bonet acompañaron el traslado del féretro, mientras protestaban exigiendo una rectificación por parte de las autoridades. Expresaron su indignación mediante arengas y pancartas con la imagen del chofer fallecido. "Somos trabajadores, no extorsionadores", gritaron.
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Según el general Víctor Revoredo, la Policía Nacional tiene en su poder varios chips presuntamente relacionados con actividades delictivas como la extorsión. Uno de estos dispositivos estaría registrado a nombre de Bonet Miraval, el chofer asesinado, de acuerdo con las palabras de Revoredo.
"Uno de esos chips insertados en este teléfono sospechoso está a nombre de la víctima. Si estuviera vivo, estaría detenido. Esta persona formaba parte de una red criminal vinculada a las extorsiones, y parte de su grupo ya tenía antecedentes de intervención", añadió durante una conferencia de prensa sobre el caso.
Los familiares del transportista pidieron que la Policía Nacional presentara las pruebas de su investigación que, supuestamente, demostrarían que Miraval integraba una banda extorsiva. Si esto no fuera cierto, exigieron que la institución rectificara sus declaraciones. "No solo estamos molestos, estamos indignados de que el señor policía se exprese de esa manera (...) no es justo que hable sin evidencias; aquí todos somos trabajadores que laboramos todos los días", expresó una compañera de la víctima.
Cabe destacar que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, junto con el general Víctor Revoredo, visitaron la empresa Transporte Pesquero una semana antes del ataque al conductor para asegurarles que los protegerían de las extorsiones. Sin embargo, los trabajadores afirman que las promesas nunca se materializaron.
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