
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió el 2 de febrero que la seguridad de la Carretera Central, una de las vías más importantes de Perú, está en peligro tras la reciente autorización excepcional de Provías Nacional, que permite el tránsito de vehículos de hasta 101 toneladas por esta ruta. El gremio empresarial sostuvo que esta decisión ignora el límite general de 60 toneladas establecido para la Red Vial Nacional.
Además, AFIN alertó que la medida se aprobó sin una coordinación técnica adecuada con el concesionario responsable de la operación y mantenimiento de la vía, a pesar de que este ya había avisado previamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a OSITRAN sobre los riesgos estructurales de los 21 puentes bajo su concesión, los cuales requieren intervenciones urgentes. Hasta el momento, no se ha implementado una respuesta integral.
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Comunicado sobre riesgos en puentes de la Carretera Central. Foto: AFIN.
AFIN reveló que, dentro de la Red Vial Nacional, existen 21 puentes que requieren intervenciones estructurales, de los cuales siete se encuentran en una situación especialmente crítica debido al paso de cargas sobredimensionadas.
Todas estas estructuras están ubicadas en un corredor por el que circulan alrededor de 8,000 vehículos al día, lo que representa un riesgo potencial para más de 32,000 usuarios diarios.
Aunque la resolución incluye controles como el monitoreo de deflexión –mediciones técnicas realizadas en puentes y otras estructuras para verificar cuánto se deforman o se “doblan” cuando pasa una carga pesada–, acompañamiento técnico y cartas de responsabilidad, el gremio remarcó que estas acciones no eliminan el riesgo de someter la carretera y sus estructuras a cargas para las que no fueron diseñadas, poniendo en juego la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad de uno de los principales activos viales del país.
El comunicado también señala que la falta de una visión técnica integral y de articulación entre las entidades del Estado podría derivar en decisiones que prioricen el tránsito de carga pesada por encima de la seguridad vial, con consecuencias potencialmente graves para el transporte, la economía y la vida de quienes utilizan diariamente esta ruta.
La República se comunicó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener su versión de los hechos, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta alguna.
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