Dictan cadena perpetua para 5 extorsionadores de la banda criminal ‘Los angelitos de Pachacútec’

La extorsión y el sicariato siguen siendo el dolor de cabeza del gobierno peruano, que busca acabar con las rentas ilícitas que dejan estos delitos y que está generando una percepción negativa de Perú en el exterior.

Mientras el panorama cambia, el Poder Judicial condenó a cadena perpetua a cinco miembros de ‘Los Angelitos de Pachacútec’, una banda criminal dedicada a la extorsión agravada y sicariato agravado, en agravio de empresas constructoras, en el distrito de Ventanilla.

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En mayo del 2021 agentes de la Diviac, en coordinación con el Ministerio Público, capturaron a 11 integrantes de esa organización, incluyendo a su cabecilla, que operaba desde el penal Ancón I, dirigiendo las extorsiones y cobro de cupos en obras del Callao.

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David Flores Valdivia (45), alias ‘Negro Samy’, tenía su centro de operaciones en una celda de ese reclusorio.

 ‘Los Angelitos de Pachacútec’ empezaron a operar en 2017, cuando dicho sujeto creó la Asociación de Desocupados de Construcción Civil - Proyecto Pachacútec, un sindicato que daba apariencia de legalidad a la organización criminal.

La banda cometía cobro de cupos y extorsión y además infiltraba a sus miembros en las empresas de construcción. Incluso la Policía vinculó a la red con dos asesinatos.

Cuatro años después, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Primer Equipo) logró que se dicte siete penas de cadena perpetua para cinco integrantes de esa organización criminal.

Se trata de David Flores, alias ‘Negro Sami’, cabecilla de la organización; así como de Omar Baldeón, Anderzon Páez, Andy Urbina y Guiancarlos Arratea; quienes se encuentran recluidos en distintos establecimientos penitenciarios, como Ancón 1, Callao e Ica.

Asimismo, se obtuvo condenas de 35 años de prisión para otros seis integrantes de la red criminal: Víctor Sánchez, Luis Flores, Willy Silva, Daniel Villegas, Carlos Vergaray y Evelyn Hurtado.

Así, se logró que se condene con penas efectivas a los 11 imputados por el despacho fiscal.

Según el fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, ‘Los angelitos de Pachacútec’ operaron entre julio de 2017 y mayo de 2021 en el sector de Pachacútec, Ventanilla, a partir de la conformación de un falso sindicato de trabajadores que obtuvo el control de obras de construcción civil mediante el cobro de cupos y amenazas directas a los ingenieros, administradores y responsables de las obras.

El representante del Ministerio Público demostró que la organización criminal constituyó e inscribió en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) una asociación sindical utilizada como fachada, con la finalidad de otorgar apariencia de legalidad a sus actividades ilícitas.

EXTORSIÓN EN 7 OBRAS PÚBLICAS

Durante el juicio oral, el despacho fiscal probó que siete obras públicas fueron objeto del delito de extorsión, incluyendo proyectos de infraestructura educativa, vial, espacios públicos, infraestructuras de telecomunicaciones y servicios de salud, los cuales constituyeron fuentes ilícitas de financiamiento para la continuidad operativa de la organización criminal.

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Asimismo, la fiscalía acreditó la responsabilidad penal de la organización en dos hechos de sicariato, vinculados a disputas internas de poder, correspondientes a los asesinatos de David García Vásquez, exintegrante de la organización criminal y exvicepresidente de la asociación que era utilizada como fachada; y de Herman Malta Nina, considerado una amenaza para los intereses ilícitos del grupo criminal.

Durante el juicio, el despacho fiscal presentó declaraciones testimoniales, interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, documentación registral y evidencia documental que acreditaba la existencia de la organización criminal, su estructura jerárquica, la asignación de roles, su permanencia en el tiempo y su modus operandi.

Como parte de la sentencia, se logró también la inhabilitación para manejar armas de fuego y conducir vehículos, por el plazo de diez años, para los 11 sentenciados, y el decomiso de todos los bienes incautados, incluyendo vehículos y equipos telefónicos. Asimismo, deberán pagar multas al Estado y una reparación civil por un monto de S/ 6 millones 681 mil 978.50 a favor de las víctimas.

Esta sentencia constituye un precedente significativo en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al delito de la extorsión en el ámbito de la construcción civil, reafirmando el compromiso del sistema de justicia con la persecución y sanción de estos delitos.