
Un nuevo enfrentamiento se desarrolla en San Juan de Lurigancho, donde Richard Hidalgo Moreno, de 50 años, lidera la Asociación de Afectados por el Proyecto Anillo Vial Periférico. Este grupo se opone a la venta de sus viviendas, las cuales son imprescindibles para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dé inicio a la construcción de una autopista. Este ambicioso proyecto, que se extiende por casi 35 kilómetros, busca conectar doce distritos de la capital, generando expectativas sobre su influencia en la movilidad urbana. No obstante, los residentes mantienen una postura firme en su decisión de no ceder sus propiedades, lo que dificulta el avance de la obra.
Hace algunos meses, él, junto con el otro representante del gremio, Adriano Torres Silva (65), fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por, según afirma, estar grabando los presuntos abusos cometidos por las autoridades durante el intento de desalojo de sus predios. Los residentes de la zona tienen un objetivo claro: no abandonar el asentamiento humano Juan Pablo II, ubicado en el Tramo 2 del proyecto, que abarca las zonas de Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho–Chosica hasta la avenida Ramiro Prialé.
"El proyecto avanzó sin considerar a la gente. Aquí no solo hay viviendas: también hay negocios, emprendedores, universidades y espacios importantes para la comunidad. Esperamos que el nuevo gobierno evalúe si realmente es viable. Incluso hay vecinos que han fallecido debido al estrés y la ansiedad que genera esta situación", declaró Moreno a La República.
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El pasado 18 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que en la zona de Payet, en Independencia —en particular en los predios del asentamiento humano Manco Inca y las urbanizaciones Víctor Raúl Haya de la Torre y Túpac Amaru— se dio inicio al tapiado de puertas y ventanas de los inmuebles ya adquiridos para la ejecución del proyecto. No obstante, vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) sostienen que en su distrito el panorama es diferente.
Según denuncian los residentes, desde hace más de un año vienen ocurriendo arbitrariedades por parte de las autoridades. Alegan no haber sido notificados sobre los desalojos ni sobre las compensaciones correspondientes por sus predios.
"En mi asentamiento hay 85 viviendas y quieren expropiar alrededor de 30. Además, muchos vecinos han reportado amedrentamientos. Llegan a las casas, tocan las puertas y hasta asustan a los hijos, que no tienen nada que ver. No hay transparencia en el proceso", acota Avelino Santiago Rivera, vecino de Lurigancho-Chosica, quien afirma que tampoco han recibido apoyo del alcalde de SJL, Jesús Maldonado.
A ello se suma el testimonio de otro dirigente vecinal. "Están amedrentando a los vecinos. Toca la empresa, toca el MTC, llegan con policías y dicen que si no firman el trato directo, más adelante ‘no les darán nada’, que vendrá maquinaria y demolerán sus casas. Eso es falso y abusivo. La expropiación ni siquiera ha empezado; solo quieren que aceptemos el trato directo", sentencia Hidalgo.
Hidalgo Moreno relata también que, durante un altercado, fue víctima de agresión física por parte del jefe de seguridad de la empresa concesionaria del proyecto. Señala que lo golpearon y le rompieron un diente. Pese a las pruebas de maltrato físico y psicológico, la Fiscalía decidió archivar el caso. No habrá investigación ni responsables. Mientras tanto, la oposición a la construcción de la vía continúa.
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En mayo del 2024, el MTC informó que los propietarios que cedan sus inmuebles para la construcción del Anillo Vial Periférico mediante trato directo recibirán un pago equivalente al valor comercial de sus predios, más un 20% adicional. Además, se contemplaría una compensación por perjuicio económico, dividida en dos modalidades: daño emergente —que cubre hasta seis meses de alquiler provisional para la familia afectada— y lucro cesante —pago por los ingresos que el propietario dejará de percibir si realizaba alguna actividad económica en la vivienda.
No obstante, precisó si los dueños se niegan a aceptar el trato directo, se procedería con la expropiación. Este medio se comunicó con la entidad del Ejecutivo, así como con Provías; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
“El caso es que la población aquí no quiere vender su casa. Lo que sí quiere es que haya una conciliación. Lo que están pidiendo es una reparación de daños y perjuicios. Por los hostigamientos y por querer meterse a sus casas, a querer hacer mediciones sin autorización. No quieren vender porque a dónde van a ir (...) Las grandes constructoras dijeron que ya no hay terreno para construir departamentos”, declaró Moreno.
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