
El 3 de noviembre, el Gobierno de José Jerí promulgó una ley destinada a combatir la extorsión ante el incremento de los índices de criminalidad, especialmente contra las empresas de transporte público, incluidos choferes, cobradores y empresarios del sector. Entre las principales disposiciones de la norma se encuentran la creación de fiscalías especializadas en la lucha contra la extorsión y el sicariato, así como la conformación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), una división de la Policía Nacional del Perú (PNP) enfocada en combatir estos dos delitos.
Esta unidad estaría conformada por miembros especializados de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El grupo sería coordinado por el Ministerio del Interior (Mininter) como una Fuerza de Tarea Especial y tendría funciones de investigación conjunta, rastreo de flujos ilícitos, cooperación internacional y acción inmediata contra organizaciones criminales. Sin embargo, esta nueva división policial ha sido objeto de críticas por parte de exaltos mandos de la PNP, quienes cuestionan su estructura y la posible duplicidad de funciones con otras dependencias existentes.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Rocha, declaró a La República que la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato interferirá en las labores de las unidades especializadas ya existentes dentro de la institución. “Interferirá con dos divisiones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri): primero, la División de Homicidios, donde se investiga el sicariato; y segundo, la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones”, precisó. Para Rocha, esta nueva implementación no tendrá resultados positivos, ya que considera que no fue adecuadamente planificada y califica la medida como “totalmente populista”.
Rocha también señaló que la medida no le parece viable, ya que restará efectivos policiales a las divisiones especializadas de la PNP ya mencionadas: la de Homicidios y la de Secuestros y Extorsiones. En su opinión, el trabajo debería realizarse de manera coordinada con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para identificar y capturar a las bandas criminales. Además, advirtió que la lucha contra la extorsión y el sicariato en el país enfrenta serias limitaciones debido a la falta de "tecnología de punta" y a la ausencia de una adecuada planificación en materia de seguridad ciudadana.
Rocha señaló que los sistemas actuales utilizados por la Policía, como el de georreferenciación para ubicar llamadas extorsivas, no permiten determinar con precisión el lugar desde donde operan los delincuentes. “Con autorización judicial y de las compañías de telefonía se puede detectar una zona de entre 30 y 50 metros a la redonda, pero no el punto exacto. Eso dificulta el trabajo operativo”, explicó.
El exjefe policial también cuestionó el funcionamiento del sistema “Constellation”, empleado por la institución, al asegurar que “no es un aplicativo de tecnología de punta” y que resulta insuficiente frente al avance de las redes criminales. Además, alertó sobre la facilidad con la que se comercializan chips telefónicos sin control alguno, herramienta que los extorsionadores usan para operar impunemente.
Rocha, quien también fue secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), señaló que el país carece actualmente de un plan nacional de seguridad ciudadana, pese a que la ley 27933 establece su obligatoriedad. Afirmó que no se ha elaborado ni aprobado sus planes anuales correspondientes a 2023 y 2024, a pesar de que la ley establece que estos deben formularse y aprobarse cada año.
Además, indicó que ningún presidente de los comités regionales, provinciales o distritales cuenta con planes de acción, lo que refleja una falta de organización y dirección en la lucha contra la delincuencia.
Según el exfuncionario, esta ausencia de planificación y coordinación ha sido una de las principales causas del aumento de la criminalidad en el país. Afirmó que no existen reuniones permanentes ni agendas de trabajo dentro del Conasec, lo que evidencia un desinterés por parte del Ejecutivo. Advirtió que, si no se cumplen las disposiciones legales ni se diseñan estrategias efectivas, la inseguridad seguirá agravándose en todo el territorio nacional.
Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, hasta octubre de 2025 se registraron 23.213 denuncias por extorsión, lo que representa un incremento del 27,4 % respecto de 2024, año en el que se reportaron 18.215 denuncias por este delito.
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