
La violencia y la inseguridad que azotan al país han alcanzado uno de los sectores menos pensados: la odontología. Durante el 2024 se registraron 13 casos de extorsión contra cirujanos de esta especialidad, mientras que en lo que va del 2025 ya se han confirmado al menos cinco nuevos ataques y amenazas, concentrados en Lima, Callao, Trujillo y Piura. Los delincuentes no solo exigen pagos que van desde los 5.000 hasta los 10.000 soles, sino que en algunos casos han llegado a colocar explosivos e incendiar consultorios.
El Colegio Odontológico de Lima ha expresado su total indignación ante la desbordante ola de criminalidad que afecta al país y que ya ha cobrado víctimas entre los profesionales de la salud. A esto se le suma que, las extorsiones aumentan 18% y más de 2.100 homicidios en lo que va de 2025, según un Exministro.
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El decano del Colegio Odontológico de Lima, Dr. José Ricardo Rojas Rueda, manifestó su preocupación por el incremento de amenazas y ataques contra los profesionales del sector salud. “Mostramos nuestra indignación ante este mal social que es la delincuencia y que, a través de las extorsiones y el sicariato, se ha hecho presente en el sector salud y, sobre todo, en el área de odontología. Muchos cirujanos odontólogos han sido o están siendo extorsionados o atacados, lo que refleja el grado de violencia que vive nuestro país”.
El Colegio ha sostenido reuniones con el Ministerio de Salud y la Policía Nacional del Perú para poner en conocimiento las denuncias de sus agremiados. Sin embargo, el decano advirtió que la respuesta estatal ha sido limitada y que el temor entre los profesionales sigue creciendo. “Muchos colegas han tenido que cerrar sus consultorios, mudarse o incluso salir del país”, señaló.
Como se recuerda, un odontólogo de 39 años fue baleado dentro de su consultorio en el distrito de Independencia. El atacante llegó en motocicleta, tocó el timbre y, tras ingresar con el casco puesto, disparó contra el profesional antes de huir.
Ante este tipo de hechos, el decano del Colegio Odontológico expresó su enérgico rechazo y exigió al nuevo Gobierno de transición, presidido por José Jerí, tomar medidas inmediatas frente a la inseguridad ciudadana frente a la inseguridad ciudadana. “Exigimos ese derecho a todos los peruanos a que tenga una atención de calidad y básica en lo que es en el área de la odontología y de la cavidad bucal que es nuestra área de trabajo.”, enfatizó el experto.
Incluso, el propio Dr. Rojas Rueda fue víctima de extorsión en febrero de 2023. Según relató, recibió mensajes de supuestos representantes de un grupo vinculado a un penal que le exigían apoyo económico “a cambio de seguridad”. Al negarse, las amenazas se tornaron violentas.
“Me dijeron que sabían dónde vivía, dónde trabajaba y dónde estaba mi familia. Tuve que cambiar de número y reportarlo a la Policía. Pasé una semana en completa preocupación”, contó el decano, quien posteriormente supo que la Policía habría intervenido a los responsables.
Según información interna del Colegio Odontológico, muchos odontólogos han optado por cerrar sus consultorios o suspender la atención, especialmente en zonas de alta incidencia delictiva. Algunos fueron coaccionados bajo amenazas de muerte o agresiones a sus familiares.
“El 2024 y el 2025 ya se ha visto aumentado de manera exponencial las denuncias por extorsión a cirujanos odontólogos donde piden montos entre 5000 a 10000 soles semanales y o mensuales y en algunos casos han puesto explosivos, han puesto bombas incendiarias en algunas zonas de la región. Este es un problema nacional porque todos los días los peruanos estamos expuestos a estas actividades delincuenciales”
“No se trata solo de cifras o promesas. Cada profesional amenazado representa una familia que vive con miedo. Necesitamos resultados inmediatos”, subrayó Rojas Rueda, pues ya son más de 15 denuncias las que se han reportado en los últimos dos años, sin tomar en cuenta aquellos especialistas que no se han pronunciado por temor.
Mientras tanto, el gremio continúa brindando orientación y asesoría legal a los especialistas afectados, además de promover campañas de prevención junto a la Policía Nacional. Sin embargo, como señaló el propio decano, sin una política nacional de seguridad integral, ningún profesional está realmente a salvo.
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