Congreso suprime Comisión de Pueblos pese a crisis ambiental y territorial en la Amazonía para 2026

Pese a la grave crisis climática mundial, la desprotección de comunidades nativas y campesinas; y el asesinato de quienes defienden su territorio, el Perú continúa legislando en contra de los bosques amazónicos y quienes viven en ellos. Con la reciente eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, distintas organizaciones y colectivos de derechos humanos han calificado la decisión del Parlamento como un "retroceso en la protección y participación política de pueblos indígenas".

"Los pueblos indígenas no solo exigimos, sino que proponemos (...) Ahora que ya no tenemos esa comisión en el Congreso, vemos como nuestros derechos y la lucha que con tanto esfuerzo se logró ya no está. Creo que el único camino que tenemos en este momento es seguir fortaleciendo la unidad de los pueblos", declara el apu Miguel Guimaraes Vásquez, vicepresidente del Consejo Directivo de Aidesep y de la etnia shipibo de Ucayali.

La iniciativa regiría a partir del 2026, en el marco de la implementación del sistema bicameral. Quienes respaldan la medida, como el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, y Luis Aragón, de Acción Popular, argumentaron que la decisión se basa en la necesidad de "incorporar un límite presupuestal para el funcionamiento de las futuras cámaras".

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El Reglamento de la Cámara de Diputados, aprobado con 75 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones, dispone reducir el número de comisiones ordinarias de 24 a 18 y crear una nueva Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que asumirá parte de las funciones de la comisión eliminada. Según el texto oficial, esta modificación no implica la supresión de sectores, sino una reagrupación por afinidad temática.

Sin embargo, la congresista Ruth Luque criticó esa posición y señaló que no ha habido "ninguna argumentación ni sustento técnico", enfatizó. "Para un sector de la clase política es intrascendente. Ellos le llaman comisiones pequeñas (...) Esa manera de ver a los pueblos indígenas con relación al Perú tiene un enfoque equivocado. La naturaleza propia de la Comisión de Pueblos es la vinculación entre todos los temas ambientales y lo que sucede en los territorios", añadió

¿Decisión inconstitucional?

De acuerdo con las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado peruano a realizar procesos de consulta previa respecto a medidas que afecten los territorios de los pueblos indígenas, esta decisión, según advierten especialistas, no solo constituiría un retroceso legislativo, sino también una medida contraria a la Constitución.

Para con Maritza Quispe, abogada constitucionalista del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta decisión también representaría un retroceso en materia de consulta previa. “Existe una obligación del Estado de consultar las medidas legislativas que afecten directamente a los pueblos indígenas. Esta norma no fue consultada ni elaborada con su participación, pese a que tiene una afectación directa a sus derechos: a la participación, a su propio modelo de desarrollo. Por tanto, no solo es inconstitucional, sino también inconvencional", explicó para La República.

Respecto a la posibilidad de revertir la medida, Quispe señaló que “sí podría ser revisada, sobre todo ahora que se han introducido cambios normativos vinculados a la bicameralidad. Sin embargo, sostiene que el escenario no es alentador”. "Se podría presentar una demanda de inconstitucionalidad. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional viene emitiendo decisiones que afectan a los pueblos y a la ciudadanía en general. Por lo que no existe mucha confianza en que este órgano realice un adecuado control. Creo que las organizaciones indígenas y la sociedad civil deberían acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", precisa.

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Organizaciones indígenas en contra de la decisión del Legislativo

Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a nueve organizaciones regionales, 109 federaciones y 2,439 comunidades indígenas de la Amazonía peruana, expresó su rechazo a la reciente decisión del Congreso. Según la organización, esta medida constituye un grave retroceso institucional, político, democrático e histórico respecto a la agenda de los pueblos indígenas, al suprimir un espacio fundamental para el diálogo entre sus demandas y las autoridades responsables de adoptar decisiones sobre sus territorios.

"Exigimos la inmediata restitución de la Comisión (...) Denunciamos que esta eliminación es parte de la nueva estrategia para aprobar de manera más acelerada normas que vulneran de nuestros derechos (...) Exigimos el respeto de los sabios y sabias indígenas quienes contribuyen al conocimiento científico en la medicina, biología ingeniería, agricultura y otros campos", se lee en el pronunciamiento.

Por su parte, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas Corpi-SL, que representa a los pueblos Awajún, Wampis, Kandozi, Chapra, Shawi, Shiwilu y kukama kukamiria del Datem del Marañón y Alto Amazonas, también rechazaron la decisión del Legislativo. "Los pueblos indígenas no piden privilegios, sino el respeto a sus derechos (...) La eliminación de la Comisión debilita la respuesta nacional ante la crisis climática. Esto ocurre en un contexto donde los incendios forestales, las sequías y la contaminación por hidrocarburos se agravan", expresaron.

Asimismo, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, se denuncia que esto representa "un nuevo atentado contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas". "Rechazamos esta nueva maniobra del Congreso que busca borrar nuestra presencia política", argumentó la agrupación.

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Pueblos PIACI continuan en peligro por leyes antiderechos

Este año, precisamente el 29 de agosto, el congresista por Loreto, región con mayor presencia de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), Juan Carlos Moris Celis, del partido Acción Popular, presentó un proyecto de ley para modificar la normativa vigente que busca, precisamente, proteger al mencionado grupo humano. Distintas asociaciones dedicadas a la protección de los bosques argumentaron lo contraproducente de esa nueva propuesta.

En ese contexto, fue precisamente la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República la que solicitó a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) la elaboración de un informe jurídico sobre dicha propuesta. El informe de la SPDA señaló la inconstitucionalidad de dicha iniciativa y declaró que la misma debía ser archivada para "salvaguardar la vida de los PIACI y la institucionalidad desarrollada durante los últimos casi veinte años en nuestro país”.

Sin embargo, ahora con la eliminación de la comisión mencionada, el destino de las reservas indígenas peligra. "Este es el segundo intento de desconocer su existencia. Creo que lo que ocurrirá ahora es que, cuando se presenten nuevas propuestas relacionadas con los pueblos indígenas, amazónicos, afroperuanos y el ambiente, se perderán en la discusión, ya que probablemente serán enviadas a otras comisiones, como la de Economía. De esa forma, se diluye la perspectiva central que debería tener este tema", advierte Ruth Luque.

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Las cifras que se desconocen

Según el informe 'Deforestación, cambio de uso de la tierra y actividades ilegales en la Amazonía peruana', la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) identificó cuatro zonas críticas que concentran el 70.3% de la pérdida reciente de bosques, equivalentes a 602 022 hectáreas entre 2019 y 2023. Las regiones más afectadas son Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. En total, durante los últimos 22 años se estima la deforestación de cerca de tres millones de hectáreas, el 4.5% del bosque húmedo amazónico, equivalente a perder 11 veces la ciudad de Lima Metropolitana.

La mayor parte de esta pérdida se registra en áreas con extracción de hidrocarburos y minería ilegal. En la Amazonía Sur, principalmente en Madre de Dios, se deforestaron 387 686 hectáreas, un tercio de ellas en los últimos cinco años, debido a la expansión de la minería ilegal. En el Bajo Amazonas (Loreto), zona de triple frontera, se perdieron 36, 491 hectáreas, con alta vulnerabilidad por cultivos ilícitos y presencia de crimen organizado transnacional. Mientras que en la cuenca media del río Marañón, entre Loreto y Amazonas, se registró la pérdida de 51 456 hectáreas, considerada un foco emergente asociado al narcotráfico y la minería ilegal.

En relación con la contaminación petrolera, de acuerdo con el Informe III sobre emergencias ambientales, pasivos y procesos de remediación entre los años 1997 y 2023 en el Perú, y reflexiones sobre alternativas energéticas, elaborado por Amazon Watch, Oxfam y otras organizaciones, desde que el Estado peruano empezó a registrar estos eventos se han contabilizado 1,462 contingencias hasta mayo de 2023, ocurriendo en su mayoría en la selva peruana.

El informe advierte que en esta región los lotes y otras infraestructuras hidrocarburíferas se superponen a territorios indígenas, concentrando 831 derrames de petróleo en dichos territorios. Loreto es la región más afectada y, desde 2020, el número de derrames ha aumentado significativamente: de un promedio de 4.35 derrames por año a 146 en todos los lotes.

Durante un encuentro entre líderes indígenas y pescadores artesanales afectados por la contaminación petrolera, Olivia Biza, presidenta de la Nación Chapra, ubicada en la provincia del Datem del Marañón, en Loreto, denunció la situación de constante vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras que denuncian las actividades extractivas en sus territorios. "38 líderes asesinados por defender la vida sigue siendo impune. Estamos siendo uno por uno eliminados por resistir y proteger a los pueblos indígenas preexistentes al Estado peruano", denunció. La pregunta ahora es, ¿seguirán las comunidades nativas y campesionas siendo incluidos en la toma de decisiones. La situación, para el próximo año, no parece alentadora.

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