
En Perú, un ciudadano no puede estar casado con dos o más personas porque incurre en el delito de bigamia, según el artículo 139 del Código Penal. Más allá de las cuestiones culturales y sociales, el marco legal contempla una serie de sanciones para la persona que contrae nupcias por segunda vez.
De hecho, la persona que comete bigamia no es la única que será castigada a través de la vía penal o civil. La nueva pareja del cónyuge o el funcionario público que celebró el compromiso también puede ser denunciada e ir a la cárcel, porque estuvo involucrada en la planificación de un matrimonio ilegal.
La persona perjudicada por este delito debe acudir ante un juez de familia en el Poder Judicial para invalidar su compromiso con el bígamo. "Podrías denunciarlo mediante la vía civil y pedir dos cosas: la nulidad de tu matrimonio y la indemnización por daños y perjuicios", señaló Edgard Ramírez, asociado del área civil de Estudio Linares Abogados, en entrevista para La República.
Además, la persona agraviada puede realizar una denuncia penal ante el Ministerio Público. Así, el casado que contrae un nuevo matrimonio podría recibir una pena de entre uno y cuatro años de prisión. Sin embargo, la pena privativa de libertad será efectiva si representa un peligro para algún cónyuge, según el criterio del juez. De lo contrario, su sanción comprenderá multas o restricciones, como no salir del país.
En particular, si se anula la segunda unión matrimonial y el infractor es padre, la madre del segundo compromiso puede exigir los deberes correspondientes a su paternidad. "Si en este segundo matrimonio, del cual la persona no tenía conocimiento, se han procreado hijos, ellos tienen los mismos derechos que los hijos del primer matrimonio", aseguró el abogado.
El Código Penal también castiga a quien, conscientemente, contrae matrimonio con una persona casada. La sanción contempla una pena privativa de libertad de entre uno y tres años. Para ello, el primer cónyuge u otro ciudadano perjudicado debe realizar la denuncia, de acuerdo con Ramírez.
Asimismo, el especialista explicó que, en estos casos, el motivo para aceptar y participar en un matrimonio ilegal ocurre cuando, por ejemplo, una persona extranjera podría ser expulsada del Perú. "Por un tema de residencia y para evitar que la expulsen, el extranjero firma una declaración jurada de que no tiene matrimonios en su país de origen y se casa", sostuvo.
Para concretar el matrimonio ilegítimo, se requiere que el funcionario de la municipalidad o de Registros Públicos valide la unión. Por este motivo, están en la obligación de fiscalizar si una persona quiere casarse, pese a estar comprometida. "Hace una depuración y verifica que hay dos partidas de matrimonio, el procurador del registro civil podría denunciar", comentó Ramírez.
Bajo este contexto, el funcionario se expone a una pena de entre uno y tres años, siempre y cuando actúe de forma dolosa. En cambio, si la autoridad obra por culpa, es decir, sin tener la voluntad de cometer ese acto, podría ser inhabilitada como máximo por un año, debido a que su acción fue negligente.
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