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Sociedad

Pataz pierde 650 millones al mes por paralización minera

Menores no asisten a clases porque padres que vivían de la minería no tienen como sustentar los gastos que implica llevarlos.

Alcalde de Pataz continúa denunciando amenazas.
Alcalde de Pataz continúa denunciando amenazas. Foto: La República

El alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, expresó preocupación ante las consecuencias económicas y sociales derivadas de la paralización de la actividad minera en la zona, en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno en la provincia ante el asesinato de 13 agentes de seguridad de minas.

Según el burgomaestre, la suspensión de la minería formal e informal ha desencadenado serias pérdidas económicas que afectan no solo al distrito, sino a toda la región y, posiblemente, al país. “De acuerdo a los datos de un estudio contable, las pérdidas ascenderían a 650 millones mensuales en toda la cadena productiva emanada desde la actividad minera, en toda la región, de repente en todo el país”, señaló.

Armas sostuvo que el impacto trasciende lo económico, afectando directamente la calidad de vida de la población. “La población está perdiendo aún más porque hoy por hoy nos encontramos restringidos por diferentes factores. Uno, la actividad económica está paralizada. Dos, justo hoy en este estado de emergencia están haciendo el levantamiento del puente Chaguay que conecta la provincia de Pataz con la provincia de Sánchez Carrión, el cual restringe la transitabilidad y el abastecimiento con productos no perecibles para el distrito y provincia en la zona norte”, explicó.

Frente a las restricciones, la ciudadanía ha manifestado su rechazo, en particular, a la suspensión de la principal actividad económica del distrito. “Lo que rechaza la población es la paralización de las actividades económicas principal, que es la minería en el distrito de Pataz. Después el toque de queda, no hay mucho rechazo porque es una medida que ya se viene adoptando desde el año 2023, solamente que sea ampliado el horario”, afirmó.

Menores no asisten a clases

Agregó que un gran número de escolares de un total de 9.000 no asisten a clases porque sus padres no tienen para sustentar los gastos. “Los escolares no están asistiendo a clases. Los padres ya no tienen cómo sustentar la asistencia de estos jóvenes a sus centros educativos. En Pataz, el costo de vida es elevadísimo y necesitamos que el gobierno resuelva urgente esta problemática y le devuelva el trabajo al distrito de Patáz”, declaró.

Asimismo, mencionó que, con la presencia de trabajadores migrantes, la población real de Pataz podría superar las 40.000 personas, pese a que el registro civil indica 28.000.

Percepción de Inseguridad continúa igual

Respecto a la percepción de inseguridad, Armas señaló que no se ha evidenciado un cambio tangible tras el estado de emergencia. “Todo lo que se ve en televisión normalmente ha sucedido dentro de los socavones, que es un tema que tiene que resolver el Ministerio del Interior. Por eso no notamos la diferencia en la población que haya sido un tema de inseguridad notorio”, aclaró.

Hizo un llamado al Ejecutivo a garantizar igualdad en la aplicación de las normas. “Debió hacer cumplir la ley igual para todos. Me refiero a la restricción de las actividades económicas, la paralización de la minería, porque se dice que Poderosa sigue trabajando con normalidad y los mineros pequeños no pueden trabajar. Entonces, ahí hay un espacio que se vuelve injustificable e injusto para esta población”, concluyó.

Restricciones del Estado continuarán pese a críticas y marcha convocada

Sobre las declaraciones de algunos ronderos que solicitaban el levantamiento del estado de emergencia para facilitar sus labores, Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad aclaró. “Eso es un tema que todavía se va a evaluar porque, las intervenciones recién están comenzando”, enfatizó.

En cuanto al futuro de los pequeños mineros con su actividad paralizada que operan en la zona, el jefe policial adelantó que el Estado busca un reordenamiento. “Se tiene que ordenar y se tiene que interdictar lo que no es legal. Y de acuerdo a eso ya se les va a dar la facilidad. De seguro va a haber un nuevo empadronamiento, van a haber nuevas disposiciones en los cuales ellos se van a acoger y van a comenzar a trabajar normalmente”, aseguro Llerena.

Anuncian marcha de mineros

Este 21 de mayo a las 3:00 p. m. autoridades provinciales y locales de Pataz convocan a la población minera una marcha para que levanten la paralización de las actividades mineras y el respeto a sus derechos humanos.

Alcalde de Pataz decepcionado del Gobierno: "No hay una banda criminal identificada"

Reveló que se encuentra amenazado de muerte desde inicios de mayo por La Gran Alianza. El alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, saludó el accionar policial por la captura de alias " Cuchillo" presunto autor de crimen de 13 agentes de seguridad en mina de Pataz, pero no ocultó su decepción con el Gobierno central por la falta de resultados frente al crimen organizado según informa no se ha identificado ninguna sola banda.

El burgomaestre se mostró severo al calificar el accionar del Gobierno de Boluarte en materia de inseguridad. “Llevamos más de un año desde los nueve asesinatos de la fosa común Pataz. Llevamos más de 14 meses en estado de emergencia en la provincia de Pataz. Y hasta ahorita no existe una banda criminal identificada, y quiénes lo conforman menos aún capturados”.

Por otro lado, señaló estar decepcionado de la labor de estado en su provincia y también criticó el toque de queda y la paralización minera, medidas que, según dijo, no han sido parte de una estrategia real contra la criminalidad.“Este toque de queda, esta no actividad minera, no está acompañado de un diseño y de un plan para ir contra la criminalidad. Así que me decepciona el Estado”, sentenció.

Llamado a la justicia y respaldo a las víctimas

Sobre lo que se espera ahora que alias “Cuchillo” fue repatriado al Perú, Mariños sostuvo. “Que le caiga todo el peso de la ley. Esperamos que hable y que diga la verdad en aras de devolverle la tranquilidad a nuestro país. Pero también que eso no distraiga al Estado de investigar a otros”.

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