
Recientemente, una tragedia golpeó a una familia, cuando un niño de seis años murió en un ataque perpetrado por una banda extorsionadora, cuyos miembros encañonaron la combi en la que viajaba con su madre en el distrito de Independencia.
La muerte de este niño ha causado una fuerte conmoción social a nivel nacional, y son las deficiencias en la planificación y en la ejecución misma de las políticas de seguridad las que deben ser asumidas por las autoridades, que persisten en supuestas políticas que no ofrecen resultados satisfactorios.
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El Ministerio del Interior (Mininter) ha respondido dando señales de prolongar la emergencia de la seguridad ciudadana en diversas zonas de Lima y Callao, y decide debilitar la política que permitía que dos personas viajen en una misma motocicleta.
El estado de emergencia en Lima y Callao se ha prorrogado por 30 días adicionales, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 064-2025-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida incluye restricciones para las motocicletas de categorías L1 y L3, las cuales no podrán circular con más de un ocupante ni portar objetos que dificulten la visibilidad del conductor.
Esta disposición afecta a los distritos limeños de Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, así como a la provincia del Callao.
Se ha precisado que las restricciones no aplican para las unidades de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el serenazgo municipal ni el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuando realicen tareas de servicio público. La supervisión de estas medidas estará a cargo de la Policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Asimismo, se ha informado que el Consejo de Ministros aprobó la extensión del estado de emergencia en los mencionados distritos de Lima y Callao.
Durante este periodo, las autoridades podrán intervenir en domicilios o establecimientos sin necesidad de orden judicial si se presentan situaciones de riesgo, y tienen la facultad de suspender eventos públicos como fiestas o reuniones. Además, se fortalecerán las estrategias de combate a la delincuencia común, el crimen organizado (incluyendo extorsión y sicariato) y el narcotráfico, utilizando inteligencia policial para mejorar la seguridad.
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