Rechazan ley que permite juzgar penalmente a menores de 16 y 17 por crímenes graves

Pese a las advertencias de que con populismo no se combate el crimen, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley del Congreso n.º 32330, la cual permitirá procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves. La norma ha generado preocupación en organismos internacionales, especialistas, jueces y fiscales, que advierten que los menores, lejos de ser rehabilitados, podrían verse influenciados por el entorno carcelario y continuar una trayectoria criminal.

Por este motivo, exigen la derogatoria de la norma, pues además consideran que vulnera principios básicos del enfoque de justicia juvenil y los derechos de los menores.

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La reciente norma responde a la preocupación por el aumento de delitos cometidos por menores de edad, y modifica tanto el Código Penal como el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

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Esta medida contempla más de 30 tipos penales considerados graves, entre ellos el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas, así como delitos relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.

No obstante, la ley también ofrece un enfoque especial para los jóvenes infractores de entre 16 y 21 años. Este sistema busca la reintegración social mediante programas educativos, terapia y orientación, diferenciándose de las condiciones del sistema carcelario convencional.

Retroceso legal

Ante esta situación, agencias del Sistema de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación y llamaron a las autoridades a reflexionar sobre las consecuencias de la ley. Según un comunicado conjunto que emitieron ayer, la norma es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que reconoce los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y que ha sido suscrito por el Perú.

Asimismo, las agencias (Unicef, Unfpa, Oficina contra la Drogas y el Delito) alertan que esta medida no contribuirá a reducir la inseguridad ni la criminalidad en el país, ya que el 98% de los delitos graves son cometidos por adultos. Por el contrario, señalan que enviar a adolescentes a cárceles comunes junto a personas adultas podría aumentar su vulnerabilidad y el riesgo de que sigan una trayectoria delictiva.

Así, señalan que representa un retroceso frente al principio de justicia juvenil y a los compromisos asumidos por el Perú.
Por ese motivo, las agencias instan al Gobierno a derogar esta ley y a fortalecer, en su lugar, un sistema de justicia penal juvenil con recursos adecuados, técnicos y económicos.

Medida distractiva

Sobre el tema, Mario Amoretti, abogado penalista, señaló a La República que esta es una medida distractiva por parte del Congreso y del Ejecutivo. Indicó que, aunque hay menores o adolescentes que cometen delitos graves, como el sicariato, estos son utilizados por adultos.

Y criticó su eficacia porque hasta el momento no se tiene conocimiento de que algún adulto haya sido objeto de investigación o haya recibido sanción alguna por involucrar a menores en hechos graves.

“¿Por qué la policía no investiga y no se llega a establecer quiénes están utilizando a los menores? Pero desgraciadamente, aquí se opta por lo más básico. Se busca sancionar drásticamente a estos adolescentes”, añade.

Recordó que la misma situación ocurrió en la época de Fujimori, cuando se tuvieron que corregir todas las sentencias que se habían dictado en contra de los menores. Añadió que, hace cinco o seis años, los menores que cometían estos actos delictivos eran sancionados como infractores, a pesar de ser menores de 18 años.

“Una vez cumplidos los dieciocho años, pasan a una cárcel, pero separados de los adultos, porque, desgraciadamente, son víctimas de abusos sexuales”.

Amoretti mencionó que otro problema que existe es la sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Sostuvo que no hay cárceles adecuadas para los adultos, y menos aún para los menores. A pesar de que hace años se propuso la construcción de pabellones separados para ellos, hasta el momento no se ha construido ninguno.
“Ni siquiera hay planes para construir estos penales”.

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Camino equivocado

Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su rechazo a esta ley y adelantó que la institución que lidera viene evaluando qué acciones legales adoptarán para revertir su vigencia.

“Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15 y 14, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos. Ese es el camino equivocado”, cuestionó.

“La citada ley responsabiliza penalmente a los adolescentes menores de edad. Es decir, como si se tratara de adultos, pese a nuestra oposición, así como de todos los sectores involucrados para que se aplique una política de prevención, el Poder Legislativo y Ejecutivo procedieron a aprobarla”, criticó enfática.

También, la jueza suprema Elvira Álvarez cuestionó la ley y la calificó como un retroceso respecto a compromisos internacionales y contra las leyes nacionales.