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Sociedad

Unicef Perú rechaza dictamen que sanciona penalmente a menores de 16 y 17 años: "Es tapar el sol con un dedo"

La organización advierte que sancionar a menores no resuelve el problema, y propone políticas que prioricen la educación, la empleabilidad y la prevención, en lugar de la "mano dura".

Unicef
Frente al dictamen del Gobierno en donde sanciona penalmente a menores de 16 y 17 años, Unicef Perú argumentó su postura en contra/Composición LR/Foto: Difusión

El Congreso de la República aprobó la reforma, en segunda votación, que permite que jóvenes de 16 y 17 años sean procesados como adultos en el sistema penal de Perú. Ante ello, Unicef Perú cuestionó esta medida y expresó su preocupación sobre los derechos de los niños, niñas y adoelscentes.

En conversación con La República, Unicef Perú fundamentó su posición en contra frente a esta medida dictada por el Gobierno y enfatizó que no es la solución para mitigar la creciente criminalidad en nuestro país. En su convicción por velar por los derechos de los niños y garantizar su desarrollo humano, Unicef "confía en que el Perú siga cumpliendo con el compromiso asumido con la infancia cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1990".

Pronunciamiento de Unicef Perú frente al dictamen del Gobierno que sanciona penalmente a menores de 16 y 17 años. Foto: Unicef Perú

¿Sanción penal a menores es una solución a la delincuencia?

Unicef Perú considera que la nueva medida aprobada por el Congreso de la República es "pretender tapar el sol con un dedo", ya que son las organizaciones criminales quienes utilizan a los menores de edad para delinquir. Además, el hecho de que los menores compartan cárcel con los adultos provocaría que "el adolescente utilice sus capacidades en desarrollo para adaptarse a la cárcel y a la violencia institucional dentro de esta".

Según datos del Ministerio Público, 1 de cada 100 personas denunciadas por cometer delitos son adolescentes. Foto: Difusión.

"En muchos casos, los niños, niñas y adolescentes son utilizados por organizaciones criminales, de las cuales ellos resultan ser el último eslabón y las primeras víctimas. Esta ley no tendría un impacto profundo en el problema que se quiere resolver", mencionaron.

Estadísticas del Gobierno respaldan posición de Unicef

De acuerdo con los datos estadísticos del Ministerio Público, la participación de adolescentes en la criminalidad total del país para los años 2021, 2022 y 2023 ha representado el 1.39%, 1.45% y 1.51%, respectivamente. No obstante, según los datos expuestos, el índice delincuencial de adultos es mucho mayor.

Reporte de denuncias recibidas por el Ministerio Público. Foto: Elaboración Unicef Perú

En los mismos años mencionados, el índice de criminalidad adulta representó el 98.61%, 98.55% y 98.49%. Esto significa que solo 1 de cada 100 personas denunciadas por cometer delitos son adolescentes.

¿Qué medida debería tomar el Gobierno, según Unicef?

La entidad explicó: "Con base en los estudios de neurociencias, la adolescencia constituye una segunda ventana de oportunidades en la vida de una persona, si las respuestas y estímulos son adecuados, los efectos en su desarrollo serán altamente efectivos para su pleno desarrollo".

En ese sentido, argumentan que las infracciones cometidas por los adolescentes deberían ser abordadas desde un enfoque de seguridad. Es decir, reconocer que dichos actos reflejan la falta de acceso a oportunidades y derechos fundamentales. "No podemos pretender juzgar y condenar a los adolescentes por los delitos que cometen y aplicarles la justicia de los adultos si nosotros, la sociedad adulta, les hemos fallado de protegerlos de la violencia y malos tratos", acotaron.

Unicef Perú recomienda sustituir los enfoques de "mano dura" en el país. Foto: Difusión

Ante ello, una política criminal eficiente debería centrarse en prevenir la comisión de delitos y asegurar la reintegración de los adolescentes que cometen delitos. Por ello, basándose en investigaciones y experiencias desarrolladas en Europa, Estados Unidos y América Latina, Unicef Perú recomendó al Gobierno a no aplicar la "mano dura" y sustituirla por políticas con intervenciones multisectoriales de corto, mediano y largo plazo.

"Las políticas deben partir de un diagnóstico serio, garantizar espacios de participación de los jóvenes en la construcción de la seguridad ciudadana y evitar su estigmatización. Es necesario que las políticas aborden, el fortalecimiento y apoyos a las familias, reforzar a los adolescentes en las áreas educativas, en programas que apoyen la retención escolar, en el tránsito gradual al trabajo y la empleabilidad, en el uso del tiempo libre y la promoción de valores de convivencia", enfatizó Unicef Perú.

Niños y adolescentes son utilizados por organizaciones criminales

De igual forma, el organismo enfatizó que realmente son las organizaciones criminales las que utilizan a los niños y adolescentes para cometer actos delictivos. Por ello, resaltó la importancia de "entender a los adolescentes como víctimas de las redes criminales". Además, pidió que las acciones del Estado deben "asegurar que los niños y adolescentes víctimas sean protegidos, no sancionados".

Unicef: ¿qué otras alternativas hay?

De acuerdo con diferentes investigaciones y reportes, Unicef Perú dio a conocer una serie de recomendaciones para sustituir los enfoques de "mano dura".

  • Reforzar y financiar las políticas públicas dirigidas a adolescentes en las áreas educativas, de empleabilidad y uso del tiempo libre.
  • Una sola política aislada no aborda de manera efectiva la inseguridad; para ello se requiere de una serie de políticas simultáneas que partan de un diagnóstico serio de la situación local.
  • Evitar la judicialización de los adolescentes y utilizar la privación de libertad únicamente como medida de último recurso.
  • Para los crímenes relacionados con drogas, es necesario revisar el enfoque empleado en los países de la región y evitar la criminalización por delitos menores, priorizando las medidas no privativas. Por otra parte, los tratamientos contra las adicciones como alternativa a la privación de libertad deben tener un enfoque de derechos humanos.
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