Abandonar a una mujer embarazada en situación crítica puede ser condenado hasta con 4 años de cárcel en Perú: ¿cómo denunciarlo?

Por: Kristel Herrera

En el Perú, el abandono de mujeres embarazadas en situación crítica es un delito contemplado en el artículo 150º del Código Penal, el cual busca proteger a aquellas gestantes que enfrentan riesgos severos debido a la falta de apoyo del progenitor. Esta ley establece penas de hasta cuatro años de prisión y sanciones económicas para quienes incumplan sus responsabilidades morales y materiales. Sin embargo, la aplicación de esta normativa es limitada debido al desconocimiento y las barreras que enfrentan las mujeres para denunciar. La Dra. Diana Pérez, abogada penalista, detalla las implicancias de esta ley, sus desafíos en la práctica y los pasos que deben seguir las mujeres para hacer valer sus derechos.

¿Qué establece el artículo 150º del Código Penal peruano?

El artículo 150º del Código Penal peruano penaliza el abandono de una mujer en estado de gestación si se encuentra en situación crítica, una situación que abarca riesgos de salud y falta de apoyo económico y emocional. Esta disposición legal es específica, pues señala que el responsable del delito debe ser el progenitor. La Dra. Diana Pérez, abogada penalista del Estudio Iuralex, resalta la importancia de esta legislación para proteger a las mujeres en situaciones vulnerables. “Este delito es especial porque el sujeto activo no es cualquier persona, sino quien ha embarazado a la mujer, desentendiéndose de sus obligaciones morales y materiales”, señala la especialista al diario La República.

El incumplimiento de esta ley es castigado con penas de entre seis meses y cuatro años de prisión, además de 60 a 90 días multa. Sin embargo, aunque la ley está estipulada, en la práctica es poco utilizada, y muchas mujeres desconocen sus derechos ante un caso de abandono.

Ley contra el abandono de mujeres gestantes no se cumple con frecuencia

A pesar de la existencia de esta legislación, la aplicación de la ley es escasa. La Dra. Pérez señala que una de las razones principales de esta falta de cumplimiento es la falta de difusión y conocimiento sobre el artículo 150º. Muchas mujeres no saben que este artículo existe y que pueden denunciar el abandono en una situación de embarazo crítico, un desconocimiento que limita la denuncia y la búsqueda de justicia.

Además, el proceso judicial puede complicarse debido a dificultades en la comprobación de la paternidad y la situación de abandono. La especialista explica que uno de los obstáculos es “demostrar que el bebé que está gestando es de la persona a quien se le está imputando el delito, y también demostrar que el progenitor tenía conocimiento del embarazo. Si el hombre no sabe que la mujer está embarazada, no se configura el tipo penal ”.

Este tipo de pruebas, junto con la falta de apoyo institucional y la desinformación, dificultan que las mujeres logren que el sistema judicial responda a sus denuncias. Sin una denuncia formal y pruebas contundentes, es complicado que la ley actúe.

¿Qué pasos debe seguir una mujer gestante en situación crítica para denunciar abandono?

Para aquellas mujeres que se encuentren en una situación crítica y deseen denunciar el abandono por parte del progenitor, la Dra. Pérez recomienda acudir a la Comisaría o a un Centro de Emergencia Mujer (CEM) para presentar la denuncia. Además, la mujer debe proporcionar pruebas de la paternidad y del conocimiento del embarazo por parte del denunciado, así como testimonios y documentos que certifiquen su situación crítica.

Estos centros ofrecen asistencia a mujeres víctimas de violencia y pueden ser el primer paso para obtener el respaldo necesario.

¿Qué otros mecanismos de protección existen para mujeres embarazadas en Perú?

En Perú, además del Código Penal, existen otras leyes que brindan protección a las mujeres embarazadas. La Ley 3200, por ejemplo, establece medidas de protección para las mujeres en estado de gestación, aunque aún está pendiente su reglamentación. También el Código Civil aborda la responsabilidad de alimentos para la mujer embarazada, lo que puede ser de ayuda en situaciones de abandono.

No obstante, la falta de reglamentación y de políticas públicas integrales limita el impacto de estas leyes. La Dra. Pérez señala que, más que endurecer las penas, es esencial mejorar la interoperabilidad entre las instituciones del Estado y difundir políticas de protección para mujeres gestantes.

“Aumentar las penas no es la solución. Debe existir un esfuerzo estatal en promover y difundir políticas públicas sobre la protección a las mujeres embarazadas”, subraya la abogada penalista. La clave, según la especialista, radica en generar un sistema de apoyo interinstitucional, en el que se priorice la prevención y se garantice que las mujeres conozcan sus derechos y reciban apoyo inmediato en caso de abandono.