El pasado viernes 1 de noviembre por la tarde, un hombre fue asesinado a tiros en la intersección de la calle Unión con el jirón Sabona, cerca de la avenida Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres. Según las primeras investigaciones, la víctima, identificada como Richard Moisés Mallqui Escalante (32), recibió 15 disparos durante una persecución.
Las cámaras de seguridad captaron el ataque, que fue llevado a cabo por un sicario que huyó junto a un cómplice en una motocicleta, infringiendo una ordenanza municipal que prohíbe el traslado de dos personas en este tipo de vehículos. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue central de Lima, mientras los vecinos siguen exigiendo medidas urgentes para garantizar su seguridad en un entorno cada vez más inquietante.
La Policía Nacional del Perú se presentó en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, y las investigaciones preliminares indican que el ataque fue intencionado y ejecutado con precisión, lo que sugiere un posible ajuste de cuentas.
La zona donde ocurrió el crimen es conocida por la trata de personas, la prostitución y otros actos ilegales. A pesar del estado de emergencia declarado en San Martín de Porres y otros 13 distritos de Lima y Callao, no había personal policial presente en el área. Ante esta situación, el alcalde del distrito, Hernán Sifuentes, se trasladó al lugar del crimen y cuestionó enérgicamente la efectividad del estado de emergencia implementado por el Gobierno en esta localidad.
"Aun así con estado de emergencia, siguen ocurriendo estos hechos. Hasta cuándo los vecinos, en este caso de San Martín de Porres, van a seguir teniendo miedo, terror, de todo esto que sucede. No está sirviendo. El Gobierno no tiene una política clara para combatir la criminalidad que se sigue desbordando", declaró para Panamericana TV.
Cabe recordar que, ante la creciente ola de extorsión y sicariato, la municipalidad de San Martín de Porres implementó una ordenanza que prohíbe el traslado de dos personas en una motocicleta, con la intención de frenar los delitos asociados a este tipo de vehículos. Sin embargo, los sicarios ignoran esta norma y continúan sembrando el terror en la comunidad.
La ordenanza municipal tiene vigencia durante todo el período del estado de emergencia. Según esta norma, quienes infrinjan la disposición serán sancionados con una multa equivalente al 2% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/103.00. Además, el vehículo será internado en el depósito municipal, y el propietario deberá pagar S/19.00 por cada día que el vehículo permanezca en el depósito.
Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.