El 23 de octubre, los comerciantes del emporio comercial de Gamarra se unieron al paro nacional en protesta por el aumento de casos de sicariato y extorsión que afectan a diversos sectores de la capital. Ante esta creciente ola delictiva, la Coordinadora de Empresarios de Gamarra advirtió al Gobierno sobre la posibilidad de un Paro Tributario.
Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, expresó que las cifras son alarmantes: el 10% de los empresarios ha sido víctima de extorsión, y más del 60% ha sufrido robos o algún tipo de violencia relacionada con el crimen organizado. En este contexto, la Coordinadora del centro textil más grande del país no acató la paralización, pero sí respaldó la movilización y advirtió que, si sus demandas por seguridad no son atendidas, tomarían medidas adicionales, incluyendo protestas mediante la retención de impuestos.
"De continuar tomando medidas que no generen resultados positivos, miles de emprendedores - quienes movemos la economía nacional - nos preparamos para protesta con lo que llamamos "Paro Tributario". Es decir, no pagaremos impuestos, hasta tener la certeza que aquel dinero será destinado de manera efectiva y responsable para combatir la delincuencia, que tanto daño nos hace", se lee en el comunicado emitido en redes sociales.
El Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra, encabezado por su presidenta, Susana Saldaña, confirmó la participación de cientos de empresarios y comerciantes en las protestas convocadas el 23 de octubre. Esta decisión fue resultado de una reunión con representantes de diversos sectores que operan en el área, quienes acordaron detener sus actividades desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Por otro lado, Diógenes Alva, presidente de la Coordinadora, anunció que no acatarían el paro del 23 de octubre, ya que el cierre implicaría afectaciones económicas, aunque respaldan las demandas al Ejecutivo para garantizar su seguridad. Sin embargo, consideraron "justas y necesarias" las protestas contra el "desgobierno". Además, advirtieron que si las autoridades no generan resultados positivos, acatarían un paro tributario, reteniendo el pago de impuestos.
Comunicado de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra
Por otro lado, Saldaña se mostró en contra de la medida de retener el pago de impuestos, argumentando que esta obligación no es opcional.
"Las personas que hacen este tipo de anuncios supongo que lo han presentado a sus bases y a sus asociados. Cada uno es responsable de lo que dice. En el caso de nosotros, al menos en el caso de la Asociación Gamarra Perú, nosotros no podríamos enfocar a los empresarios que son formales a dejar de pagar impuestos porque nos convertiríamos en informales", señaló a RPP, subrayando que es su deber cumplir con las obligaciones fiscales según las leyes peruanas.
"No es una opción, mi opción democrática es trabajar o no, protestar o no, ese es mi derecho garantizado por la Constitución, pero el tema de pagar impuestos cuando uno decide ser empresario es tu obligación", agregó, destacando las sanciones que puede haber para los negocios que no cumplan con estos pagos.
Paro de transportistas y otros gremios el 23 de octubre de 2024. Foto: LR
Según la I Encuesta de Seguridad Ciudadana Gamarra 2024 de la Asociación Gamarra Perú, el 87.9% de los empresarios de este emporio comercial reportó haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses.
Asimismo, el 71.7% de los encuestados indicó haber sufrido un robo, lo que lo convierte en el delito más común en Gamarra. A esto le siguen la extorsión y las amenazas directas, cada una con un 9.1%. Además, el 10.1% de los participantes mencionó haber sido víctima de otros tipos de delitos.
Es una medida de protesta en la que los contribuyentes al estado, en una región, sector o país, deciden dejar de cumplir sus obligaciones tributarias, como el pago de impuestos o la presentación de declaraciones, etc. Esta forma de manifestación tiene como objetivo ejercer presión sobre el gobierno o la autoridad fiscal para que atienda sus demandas.
Este tipo de paro suele ser organizado por gremios empresariales, asociaciones de comerciantes, agricultores o profesionales que se sienten perjudicados por políticas que consideran injustas, excesivas o perjudiciales para su sector.