Extorsión en Perú: un negocio de más de S/6.000 millones al año

“Michael no esperes que volemos tu negocio para que pagues 10 mil soles. Primera advertencia”, decía el manuscrito que fue dejado, con un cartucho de dinamita, en la vivienda del dueño de una ferretería en el distrito trujillano de El Porvenir.

“Mira, comunícate a este N. º WhatsApp 970468002, si no te comunicas a la otra salgo matando a uno de tu familia. Atte.  ‘La batería del loco Aroni”, fue el mensaje que le llegó a una comerciante, en San Juan de Lurigancho.

La extorsión no es un delito aislado. Afecta la estabilidad y la convivencia de las comunidades donde se presenta.

Es un desafío al poder del Estado y se estima en más de 6 mil millones de soles al año las pérdidas económicas por este delito (el 0.7% del PBI del país), mientras que un 3.5% del PBI al año le cuesta la inseguridad al Perú, es decir, 35 mil millones de soles, según la Cámara de Comercio de Lima y la Confiep.

Hombres y mujeres, jóvenes y adultos empiezan a perder la fe en la protección que la policía puede darles. Y es que allí donde hay extorsión también existen sicarios, desplazamiento, despojos y asesinatos. La extorsión es un delito transversal a estas actividades. El 8 de octubre fueron cometidos 7 asesinatos en menos de 12 horas, en pleno estado de emergencia.

“La extorsión no va dirigida a sectores de gran capacidad económica, se centra principalmente en las periferias, donde no hay casi control ni presencia de las fuerzas del orden y que son espacios muy vulnerabilizados por la informalidad”, sostiene Erika Solís, investigadora del IDEHPUCP y especialista en criminalidad y violencia.

De acuerdo a la Federación Nacional de Transporte (Fenatrans) y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), siete de cada 10 transportistas son extorsionados en el 2024. En algunos casos son 15 mil soles mensuales la cuota de extorsión que les piden a las empresas. Sin embargo, hay casos que ascienden hasta los 30 mil soles.

Martín Valeriano, presidente de la Anitra denunció que la creciente inseguridad afecta no solo al transporte público sino a toda la ciudadanía en Perú.

Indicó cómo las extorsiones, el sicariato y atentados, que comenzaron en provincias como Trujillo, se han extendido hacia Lima, afectando gravemente al sector del transporte del y exponiendo a los pasajeros a situaciones de vida o muerte.

Bodegas están cerrando

La presencia de estructuras delincuenciales que operan en distintas ciudades donde han intentado establecer zonas de control territorial para asegurar el mercado están generando disputas con otras organizaciones.

Muchos de estos actos se ven reflejados en más del 50% de los 23 mil bodegueros que vienen siendo extorsionados en el Perú en el 2024. Entre 100 soles y 4 mil soles mensuales paga un comerciante informal de Gamarra a las bandas de extorsión, de acuerdo a la Asociación de Empresarios de Gamarra.

Gissela Cruz, gerente general de la Asociación de Bodegueros del Perú, señaló que las bodegas vienen cerrando debido al sicariato y a la extorsión.

El creciente número de extorsiones en Lima ha llevado a que casi tres mil bodegas cierren definitivamente sus puertas, indicó. La situación es especialmente crítica en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas e Independencia, donde los dueños de negocios, temiendo por su seguridad y la de sus familias, ante la ola de extorsión, han optado por cesar sus actividades comerciales.

“Las bodegas no solo representan una fuente de sustento para miles de familias, sino que también son una pieza clave en la economía local. Su cierre masivo afecta la cadena de suministro, reduce la competitividad de los pequeños empresarios y limita el acceso de los consumidores a bienes de primera necesidad”, explicó.

Casi 300 obras paralizadas

Asimismo, casi 300 obras de construcción están paralizadas o afectadas, azotadas por la extorsión y el sicariato. Unos 1.000 millones de soles hubo en pérdidas en ese sector de solo en el primer semestre del 2024, según la Camara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Cámara de Comercio de Lima.

Félix Rosales, dirigente de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) exige justicia por el asesinato de 24 secretarios generales de sindicatos de construcción civil en los últimos años.

Denunció la existencia de organizaciones delictivas que extorsionan a las empresas constructoras, imponiendo cuotas ilegales a cambio de “protección”. En muchos casos, la negativa a pagar estas extorsiones ha terminado en asesinatos, como el de Arturo Cárdenas.

Estos y otros datos fueron destacados en un revelador estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El informe explica también como los comedores populares también son víctimas de ese delito con cifras de hasta 20 mil soles mensuales.

Señala que en Trujillo, Chiclayo y Piura el 50% de los mototaxistas son extorsionados pidiéndoles hasta 500 soles semanales. Al menos 11 de estos transportistas han sido asesinados en lo que va del 2024, según Mario Arce, presidente de la Asociación de Mototaxistas del Perú.

A todo esto, el ministerio del Interior refiere que solo el 25% de las víctimas denuncian estos delitos.

“Es simplista creer que con leyes más severas se resuelve la criminalidad. El sistema de justicia necesita recursos, formación y coordinación. Sin eso, cualquier ley queda incompleta”, manifiesta Erika Solís.

Y agrega: “Es necesario un esfuerzo integral de políticas de prevención y fortalecimiento institucional, lo cual toma tiempo y compromiso, no solo cambios legislativos de corto plazo”.

En Perú la extorsión crece y modo predilecto para efectuarlo es a través de la llamada telefónica, le sigue los cobros directos y las redes sociales completan las modalidades. Cabe resaltar que muchas de las extorsiones se realizan desde prisión.

Línea 111 y apagón de celulares para validar datos

Una de las estrategias impulsadas por el gobierno es la puesta en marcha de la Línea 111 para atender a las víctimas de extorsión. A esto se sumó el anunciado “apagón de celulares” para validar los datos de los titulares de las líneas móviles prepago, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y más operativos contra la venta de celulares y chips callejeros.

La República consultó si se han hecho coordinaciones con el Osiptel y las empresas operadoras de telefonía móvil con el fin de tener un apagón de 24 millones de líneas prepago.

La respuesta de Osiptel fue: “En el marco de nuestras competencias, y gracias a convenios con el Reniec y la Superintendencia Nacional de Migraciones, venimos realizando el cotejo de los datos que las empresas operadoras móviles han consignado en sus respectivos Registros de Abonados a efectos de identificar aquellas líneas que no están registradas y solicitar la regularización de la información.

Indicaron que el cotejo de datos se realiza de manera periódica. Precisaron que en caso se detecten inconsistencias en el registro, la información se traslada a las empresas operadoras para la regularización.