Los obispos que integran el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal hicieron un llamado al Estado y a la sociedad civil en su conjunto para actuar decididamente frente al abuso sexual sufrido por niñas (y niños) awajún y wampis, lo que refleja “la no aplicación de las medidas de protección que el Estado peruano se comprometió y debe otorgar conforme a lo dispuesto en el artículo 19° de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
El llamado de atención se da ante el reciente incremento de casos de abusos sexuales contra menores en la zona de Condorcanqui, Amazonas. En la mayoría de las denuncias, los responsables de estos hechos son docentes y auxiliares contratados en escuelas públicas.
Los obispos señalan que el Estado está incumpliendo su obligación, lo que evidenciaría una grave muestra de discriminación hacia la población más vulnerable del país.
“Es más, luego de ocho años de emitidas las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a los informes del Perú (CRC/C/PER/4-5); es preocupante que se continúe incumpliendo con la observación referida a la discriminación estructural que ocurre en nuestro país contra los niños indígenas y afroperuanos que viven en zonas rurales y alejadas, en la pobreza y carencia de servicios básicos”, señalan en su pronunciamiento.
Y agregan: “En ese sentido, pedimos al Gobierno y a la sociedad civil que en estos casos se cumpla con la obligación de dar protección a los niños y niñas, e invocamos al Ministerio Público y Poder Judicial a que, en ejercicio de sus competencias y atribuciones, indaguen la verdad, protejan a las víctimas, y se sancione a los responsables (…)”.
En esa línea, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) reiteró su condena a los graves abusos cometidos por malos docentes contra escolares en comunidades nativas de Amazonas. “El magisterio demanda la más pronta y severa sanción contra los maestros que cometieron estos infames delitos”, anotan.