Caen alcalde de Masisea y un policía por corrupción

Un escándalo sacude al municipio de Masisea, uno de los siete distritos que conforman la provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali, luego de la captura del alcalde Waldo Guerra Ríos y de otras seis personas, entre funcionarios y proveedores, investigados por colusión agravada y otros delitos.

Según la investigación que realizan el fiscal anticorrupción Gomer Tuval Santos Gutiérrez y efectivos de la Policía Anticorrupción (Dircocor), se desarrolló un esquema fraudulento que causó pérdidas de aproximadamente S/ 800.852 en agravio del Estado peruano. 

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Los indicios recabados revelarían que el alcalde de Masisea, Waldo Guerra, funcionarios y proveedores habrían concertado para hacerse de la buena pro de concursos amañados en bienes y servicios.

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Un caso que es investigado con rigurosidad tiene que ver con la venta de combustible en la que se favoreció al suboficial de tercera PNP Róger Armando Medina Márquez, quien ofició de proveedor a precios muy por encima de los que se oferta en el mercado local y nacional.

Tanto el burgomaestre como el policía están detenidos junto al exgerente municipal Bradley Voob Ruiz Tapullima, al proveedor José Roger Ríos Trigodo, al funcionario Joel Eliseo Cardozo Caqui, así como a Migdonio Garay Villanueva y Javier Orlandini Masgo Valerio.

Hay dos no habidos

Se informó que hasta anoche se encontraban no habidos el gerente de administración y finanzas, Christian Jackson Ferreryra Palacios, y la proveedora, también de combustible, Eva Elizabeth Trujillo Caballero.

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La orden de detención preliminar por siete días fue impartida por la titular del 4º Juzgado de Instrucción Penal de Coronel Portillo, Melina Díaz Acosta.

Los agentes y la Fiscalía explicaron a la jueza que solicitaron el allanamiento de nueve inmuebles por diferentes requerimientos, entre ellos, el combustible asignado que era para otros fines, realizándose fraccionamientos del mismo.

Además, por la adquisición de petróleo para la obra denominada Renovación de Vías Vecinales, servicio de mantenimiento, así como reparación de conexiones domiciliarias de agua potable y la contratación de bienes y servicios a nombre de diferentes razones sociales.

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Existen indicios razonables y evidencias que demostrarían que los intervenidos están inmersos en el delito de colusión, dijo el general Luis Lira Limo, jefe de la Dircocor.