Sandro Rodríguez, alcalde del distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, donde fue derribada la torre 55, un eje crucial del sistema eléctrico nacional y que dejó sin energía dos importantes unidades de la mina Poderosa, afirmó que su jurisdicción solo cuenta con 16 policías para una población de casi 50.000 personas. Estos mismos efectivos también atienden a los distritos de Sartimbamba y Cochorco.
Por ello, pidió al Ejecutivo que declare en estado de emergencia a su jurisdicción. El burgomaestre indicó que el Gobierno central declaró la medida de excepción solo para Trujillo y a Pataz, dejando su localidad abandonada a su suerte.
Y el ministro del Interior, Walter Ortiz, dijo que “la Policía está realizando una exhaustiva investigación para ubicar y capturar a los responsables”.
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Sobre este último atentado, la Cámara de Comercio de La Libertad exhortó a la Policía y al Ejército a mejorar su coordinación porque las estrategias desplegadas hasta el momento han sido ineficaces para prevenir estos atentados. Asimismo, invocaron al Congreso de la República a demostrar su compromiso con el país.
Entre tanto, en Trujillo, los colegios particulares están bajo amenaza. La situación de inseguridad ha llegado a un punto crítico, pues hay más de 150 centros educativos que son blanco de constantes de extorsiones. Les piden a los dueños desde 10.000 hasta 100.000 soles para dejarlos trabajar.
Pese al estado de emergencia y al incremento de policías, la situación no ha mejorado. Los directores y docentes, presas del miedo, se niegan a hablar públicamente.
Aunque el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, anunció medidas para combatir las extorsiones, como la creación de un grupo especializado, la presencia efectiva de las fuerzas del orden en las zonas afectadas es casi nula.
La falta de seguridad ciudadana ha generado preocupación en la comunidad que exige respuestas concretas y efectivas por parte del Gobierno central y local para garantizar la protección de los colegios y la población en general.
Y en medio de escalada de violencia en la región La Libertad, con brutales asesinatos, extorsiones a colegios, secuestros y atentados en empresas mineras, expertos en seguridad y representantes de diversas instituciones advierten que esta situación de violencia en aumento “no va a parar”.
Al respecto, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión, sede Huamachuco, en La Libertad, dispuso iniciar diligencias preliminares contra los que resulten responsables del atentado a la minera Poderosa, ocurrido en el distrito de Chugay.
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El exministro del Interior Rubén Vargas salió al frente y manifestó que “sorprende que no haya más personas asesinadas” ya que la región La Libertad “se encuentra en un estado de abandono”.
Vargas indicó que con el Reinfo el Gobierno ha decidido disfrazar al minero ilegal como artesanal. “Eso les da licencia para seguir operando impunemente. Sunat claudicó su función fiscalizadora y no se da por enterada de que hay plantas procesadoras de oro que lavan miles de toneladas de material aurífero extraídos ilegalmente”.
Agregó que la extrema pobreza generada por la corrupción política está empujando a miles de jóvenes a esclavizarse en las economías criminales. “Están jugando con fuego”.
Amenazas. Dueños de 150 colegios son extorsionados. Foto: difusión