Entre pedidos desde la población para que los poderes del Estado tomen medidas urgentes frente a la creciente inseguridad ciudadana, se han presentado diferentes iniciativas como sacar a los militares a las calles, dotar de armas letales a los serenos y reaperturar cárceles emblemáticas o de difícil acceso para trasladar a reos de alta peligrosidad. Una de estas propuestas ingresó a Mesa de Partes del Congreso de la República, este lunes 5 de febrero, la cual plantea la puesta en funcionamiento del penal del SEPA, temido por sus características geográficas.
La bancada de Podemos Perú busca, con esta iniciativa, establecer medidas a fin de promover la reapertura y puesta en funcionamiento del establecimiento penitenciario del SEPA, ubicado en el Distrito de Sepahua, provincia de Atalaya y departamento de Ucayali.
“La presente ley tiene por finalidad reducir el hacinamiento que existe en los establecimientos penitenciarios del país, favorecer la efectiva resocialización de los reos, así como establecer mayores medidas de seguridad para los reos considerados de alta peligrosidad que hayan sido sentenciados producto de la comisión de alguna conducta tipificada como delito en el Código Penal, según la clasificación establecida por el Instituto Nacional Penitenciario”, se lee en el proyecto de ley.
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El penal del SEPA fue un temido centro penitenciario que funcionó entre 1951 y 1993, año en el que fue cerrado durante el gobierno de Alberto Fujimori, meses después de haber sufrido un atentado por parte de Sendero Luminoso. Se ubicaba en el río Sepa, en el bajo río Urubamba, en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, en Ucayali.
El penal El Sepa estaba ubicado a orillas del río Urubamba. Foto: El Anacrónico
Contaba con una extensión de 38.000 hectáreas y era temido por los reos por su inaccesibilidad, lo cual hacía casi imposible que alguno pudiese escapar. Esto también limitaba la posibilidad de recibir visitas. Se encontraba rodeado de espesa vegetación, pantanos y ríos. También se habló de que en el pasado se cometieron torturas a los sentenciados.
Su nombre oficial era de Colonia Penal Agrícola del Sepa debido a que los presos estaban obligados a trabajar en actividades agrícolas. Era conocida como la 'cárcel sin muros' porque la misma selva se encargaba de quitarle la intención a cualquiera que quisiera escapar.
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Según lo propuesto por la bancada de José Luna Gálvez, el penal del SEPA deberá operar como uno de máxima seguridad, donde serán internados sentenciados por delitos graves y que representen un real peligro para la sociedad de continuar en contacto con el exterior mediante cualquier medio tecnológico.
Finalmente, se espera que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sea el que deberá priorizar las acciones y ajustes presupuestarios que correspondan a fin de poder poner en marcha la reapertura y puesta en funcionamiento del establecimiento del SEPA.