Informalidad y falta de fiscalización: incendios se dispararon casi un 30% en Lima Metropolitana

Mesa Redonda es un conjunto de negocios mayoristas, ubicado en pleno corazón del Cercado de Lima. Pero, además, un nombre recurrente vinculado a incendios de grandes magnitudes. El comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), Juan Carlos Morales Carpio, pone a este establecimiento como ejemplo de lo que no se debe hacer —ni permitir— cuando el objetivo es prevenir un siniestro. Aún más en Lima Metropolitana, una jurisdicción que concentra el mayor número de incendios a nivel nacional.

De acuerdo a los registros del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), analizados por La República, en el 2023 se registraron 313 incendios urbanos e industriales en Lima Metropolitana, lo que representa un incremento de casi 30% respecto al 2022. Pero la proyección se torna aún peor. En lo que va de enero de 2024 ya se contabilizan 63 incendios urbanos e industriales, superando ampliamente los 43 registrados durante el mismo periodo del año anterior.

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“Hay un incremento de incendios y estamos preparando a las direcciones para el trabajo de prevención (en viviendas), pero a nivel de establecimientos comerciales o industrias, la función la tienen los municipios. Ellos tienen que hacer las fiscalizaciones y nosotros vemos que hace falta mucha labor ahí. No es normal, por ejemplo, que haya emergencias en los mismos sitios, como lo que pasa en mesa redonda”, afirma el comandante Morales Carpio.

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Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) están a cargo de la Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de cada municipalidad. En el caso de la gestión de Rafael López Aliaga, el responsable es Mario Casaretto la Torre, a quien se le solicitó una entrevista para esta publicación, que inicialmente aceptó y luego canceló, indicando, a través del área de comunicaciones, que “tenía la agenda complicada”. 

También se solicitó a la Municipalidad de Lima el número de procedimientos ITSE y de certificados emitidos a los establecimientos, clasificados según su matriz de riesgos entre 2021 y 2023. Ante ello, respondieron que en ese periodo habían recibido 50.256 solicitudes, pero que no tenían la información procesada, por lo que requerían una extensión de 25 días al plazo establecido por la ley de transparencia. Esto quiere decir que actualmente no existe la información disponible para la ciudadanía.

Por su parte, el comandante Morales Carpio indica que no ha tenido ningún acercamiento con la Municipalidad de Lima para trabajar en temas de prevención; sin embargo, espera que suceda pronto. “Hemos salido juntos a ciertos eventos, pero nunca para nada relacionado con estos temas. Espero que en esta nueva gestión haya la posibilidad de realizar un trabajo en conjunto”, manifiesta.

En los distritos de Ate, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho hay una mayor incidencia de incendios urbanos e industriales. Esto se debe a la preponderancia de las zonas industriales, que muchas veces operan en la informalidad, explica el comandante Morales Carpio. “No cuentan ni con certificados de defensa civil y por ende no tienen sistemas contra incendios instalados. Entonces, eso hace que sean más vulnerables. Reitero: debe haber mayor fiscalización para exigir que se reúnan las condiciones de funcionamiento en esas fábricas y talleres”, precisa. 

Estas fiscalizaciones o inspecciones, a las que se refiere el comandante Morales Carpio, se deben realizar bajo los estándares implementados por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), la norma técnica obligatoria y diseñada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, que establece los requisitos mínimos de calidad para el diseño, producción y conservación de edificaciones y habilitaciones urbanas. Pero ¿qué sucede con este instrumento?

Marco Paucar Palomino, especialista en sistemas contra incendios de Servotec, advierte que los parámetros de los sistemas contra incendios en Perú son poco exigentes, en contraste con la normativa internacional, lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando buscas asegurar tus bienes o propiedades.

“En las plantas industriales, uno de los puntos de mayor riesgo son los almacenes, también considerados como tipo de mercancía clase IV. Según la NFPA (National Fire Protection Association), estos espacios siempre deben de ser protegidos con rociadores de agua, pero según el RNE no es necesario. En resumen, el RNE no es exigente”, afirma el especialista.

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El RNE indica que, para exigir la instalación de sistema de rociadores de agua en almacenes, estos deben superar una dimensión de 1.000 metros cuadrados. 

En ese contexto, las empresas se limitan a cumplir los requisitos mínimos exigidos por la norma, sin realmente priorizar la seguridad ante un incendio. “Cumplen para el Estado, pero no como un sistema de protección eficiente. El Estado no es tan exigente, por eso hay un contraste muy grande respecto a las empresas que aseguran sus instalaciones, porque los seguros no aprueban primas por contar con los estándares que establece el Estado, sino que exigen que cumplan con sistemas de protección de acuerdo a la normativa internacional”, precisa.

Agrega, además, que las mejoras en los sistemas contra incendios que se han dado en los últimos años han sido impulsadas por las exigencias del sector privado, cuando lo más adecuado para una tarea de prevención integral es que sea promovida por el sector público.