Epsel no absolvió a tiempo los vicios de obra paralizada

Funcionarios de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) ocasionaron a su propia institución un perjuicio económico S/ 1 836 888 por su inoperancia en la obra de agua y alcantarillado para 12 pueblos jóvenes, ubicados en la carretera Chiclayo-Pomalca. Actualmente, esta obra se encuentra paralizada, según informó el dirigente Elmer Pasapera Peralta, presidente del Frente de Defensa de los Pueblos Jóvenes Chiclayo-Pomalca.

Dicha situación provocó el retraso injustificado de la culminación de la obra valorizada inicialmente en S/ 55,8 millones y en perjuicio de 24.341 beneficiarios de los 12 pueblos jóvenes. Los trabajos se iniciaron el 7 de marzo de 2019 por el Consorcio El Progreso, pero a la fecha los trabajos no concluyen. La supervisión estuvo a cargo de Consorcio Supervisor Asis.

La Contraloría, a través del Informe de Control Específico n.° 017-2023, determinó que los servidores de Epsel no absolvieron en el plazo la absolución de las consultas realizadas por el contratista de la obra de instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes de Villa Progreso, Upis Miraflores, Las Vegas, Samán, California, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Ramiro Prialé II, San Félix, San Francisco de Asís y La Unión.

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Según la entidad de control, de acuerdo a la evaluación de documentos entre el 17 de junio de 2019 y el 25 de enero de 2023, Epsel demoró un año en absolver las consultas del Consorcio El Progreso, lo que generó ampliaciones de plazo por 245 días y el reconocimiento de mayores gastos generales a favor de la empresa, por S/ 1 836 888.

En este contexto, se dieron las ampliaciones de plazo n.° 02, n.° 04 y n.° 05 solicitadas por el contratista y reconocidas por funcionarios de la Gerencia de Proyectos y Obras y la Subgerencia de Obras de Epsel, pese a no tener justificación.

Las observaciones estaban relacionadas al reservorio elevado de 1.600 metros cúbicos y las estructuras de las cámaras húmedas y cámaras de rejas de las estaciones de bombeo de aguas residuales I y II, fuera del plazo de 15 días establecido para ese fin en la Ley de Contrataciones del Estado. En las últimas ampliaciones en mención operó el silencio administrativo ante la falta de pronunciamiento en el plazo legal.

Así, la institución encontró responsabilidad penal de Eduardo Vásquez Figueroa (exgerente de Proyectos y Obras), Jorge Fallaques Collantes (exsubgerente de Obras) y Francisco Ugaz Cabrera (excoordinador de obra). Por esta razón, se recomendó a la Procuraduría Anticorrupción denunciar penalmente a los exservidores mencionados.

Anteriormente, la Contraloría ya había emitido informes donde se advertía deficiencias en el expediente técnico de la obra.