El último miércoles 2 de agosto, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional llevó a cabo la audiencia de 36 meses de prisión preventiva contra el periodista Mauricio Fernandini, la empresaria Sada Goray y otros exfuncionarios de la alta dirección del Fondo Mivivienda. Durante el desarrollo de la audiencia, Fernandini se mostró nervioso y angustiado por el ansiado dictamen.
El periodista se vio implicado en el asunto por las declaraciones del colaborador eficaz Salatiel Marrufo, quien lo sindicó como el supuesto intermediario que habría entregado un millón de soles por encargo de Sada Goray. Esta intermediación, según Fernandini, se habría dado a partir de un pedido de su prima Pilar Tijero, quien a su vez era amiga y extrabajadora de Goray.
"Él no va a tener un eximente de pena. Él va a ser condenado, él lo sabe, lo que quiere es que lo condenen por su error, resocializarse y volver a vivir. Esa es la intención de Mauricio. Él no lo ha negado (...). Tiene el derecho a aceptar su delito, que lo condenen y, luego, reiniciar su vida, que es lo que él está buscando", declaró Gino Dagnino, abogado de Fernandini, en entrevista a Canal N.
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Sada Goray Chong es dueña de Marka Group, compañía que obtuvo beneficios del Fondo Mivivienda. La empresaria reconoció que pagó, en ese entonces, 4 millones de soles al jefe del gabinete del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. En total, fueron 6 proyectos inmobiliarios los que obtuvo. En tanto, también se sabe que esta práctica corrupta le sirvió para que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) le entregará un predio público en Chilca, el cual vendió por 47,6 millones de dólares.
Mauricio Fernandini es investigado por el presunto delito de cohecho. Foto: captura de video/Justicia TV
Según información del Ministerio de Vivienda, las personas que están involucradas en este caso de corrupción con el Fondo Vivienda son las siguientes:
El último 17 de julio, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini. Ambos se encuentran acusados por los presuntos delitos de colusión agravada y otros, en agravio del Estado. La orden también se ejecutó contra Luis Mesones Oda, Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johason.