La pretensión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de tomar este domingo el control de los peajes de Rutas de Lima, a pesar de que un tribunal arbitral internacional emitiera una medida cautelar para evitar esto, ha generado que la Fiscalía presente medidas preventivas.
A través de un comunicado, la concesionaria de los peajes señaló que la Fiscalía de Prevención del Delito ha iniciado acciones ante la posible comisión de los delitos de usurpación, daños, disturbios y abuso de autoridad por incitaciones realizadas por parte de los voceros de la Municipalidad de Lima.
Así, la Fiscalía ha realizado una inspección en los peajes para validar el estado de la infraestructura; además, ha dictado que desde las 00:00 horas de este sábado 29, policías de las comisarías de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Zapallal y La Ensenada adopten acciones preventivas y disuasivas y se constituyan en las diferentes zonas donde podrían haber concentración de personas.
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En sus trece. Dice que tomará peajes desde este domingo. Foto: difusión
Esta medida se da luego que el alcalde López Aliaga invocara a Rutas de Lima a devolver este sábado los peajes que están a su cargo en la Panamericana Norte y Sur. Esto tras vencerse los 180 días de la decisión del Concejo de Lima que declaró la caducidad del contrato de concesión.
“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día (sábado) 29 de julio, a la medianoche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos”, dijo el burgomaestre, pese que hay una medida cautelar que ordena que la empresa siga operando por dos años más hasta un fallo final.
Ayer, el fondo canadiense de inversión Brookfield, accionista mayoritario de Rutas de Lima, rechazó que López Aliaga amenace con tomar directamente los peajes, si no se entregan.
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“Ninguna autoridad o instancia distinta al tribunal arbitral internacional puede decidir sobre lo que está en controversia entre Rutas de Lima y la municipalidad, ni puede desconocer la medida cautelar dictada”, dijo.
Brookfield advirtió que de concretarse este despojo de la concesión, o cualquier otro tipo de acto en desconocimiento de la medida cautelar, se consideraría como “una grave violación a las garantías que los tratados celebrados por el Estado peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros”.
En respuesta, el municipio afirmó que está denunciando que se use el sistema arbitral para legitimar contratos nulos y viciados por actos de corrupción. “Se va a impugnar todo acto que beneficie a empresas corruptas, como (Odebrecht) que conforma Rutas de Lima”.
El exregidor de Lima Víctor Aguilar dijo que López Aliaga no puede actuar unilateralmente porque sabe que hay arbitrajes internacionales. “Lo que ha dicho es más bien una invocación a Rutas de Lima a devolver los peajes, pero eso no va ocurrir”.
Con respecto a la estrategia legal del alcalde, Aguilar dijo que Lima se basaría en que los contratos empañados por la corrupción serían actos jurídicos nulos. Sin embargo, señaló que “el propio municipio dio su consentimiento desde la gestión de Jorge Muñoz sometiéndose al arbitraje internacional”. “Con ese precedente, López Aliaga no puede patear el tablero. Su promesa siempre fue una farsa”.
La presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Leonie Roca, lamentó la posición de López Aliaga porque podría alejar las inversiones privadas y criticó el silencio de los ministros de Economía y de Transportes.