Alcalde Rafael López Aliaga dice que tomará los peajes de Rutas de Lima pese a medida cautelar
El 29 de julio. Rechazó la decisión de tribunal arbitral porque no tenía competencias y señala que asumirá la administración de las casetas “con la fuerza de la ley”. “Sería un acto expropiatorio”, dicen.
Pese a la medida cautelar que acaba de emitir un tribunal arbitral internacional, el cual ordena que Rutas de Lima continúe operando sus peajes de la Panamericana Norte y Sur por dos años más, el alcalde Rafael López Aliaga afirmó que el próximo 29 de julio sí o sí se efectuará la caducidad anticipada del contrato de concesión con dicha empresa, por lo que desde ese día se tomará la administración de las casetas “con la fuerza de la ley”.
Esto se daría, según el burgomaestre, porque en esa fecha vence el plazo que tiene Rutas de Lima para entregar los peajes, luego de que en enero pasado el concejo metropolitano aprobara la terminación unilateral y anticipada de dicho contrato “por violar la Constitución, el interés público y una norma municipal que no permite la corrupción”.
Debido a que impide que cumpla su promesa electoral, López Aliaga viene cuestionando la medida cautelar que ha emitido el tribunal arbitral ad hoc que se rige bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
“Este tribunal simple se formó antes de que yo sea alcalde para reclamarle 1.000 millones de soles a la Municipalidad de Lima, pero no tenía competencia para el proceso de caducidad, porque no estaba entre las principales pretensiones (del tercer arbitraje)”, respondió en una entrevista en Panamericana.
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Así, aseguró que el 29 de julio tomará los peajes “con la fuerza de la ley”, “con la autoridad”, según su estrategia jurídica que evitó revelar. Esta medida ya la había adelantado hace unos días cuando se reunió con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien también señaló que el contrato de concesión “es lesivo, leonino y vulnera derechos”. “Le invito a apersonarnos con la fuerza pública a las casetas de la indignidad, de la corrupción”.
Para el líder de Renovación Popular, eso se dará porque la medida cautelar “no es exigible en el Perú porque hay un procedimiento que está en el Código Civil y en la Ley de Arbitrajes que dice que para hacerla efectiva tiene que hacerse competente a un juez peruano”. “La ley peruana nos da salida para casos como este donde se parte de un contrato nulo”, dijo tras agregar que desde antes se debió ir por la nulidad de la concesión.
También dijo que una vez que tenga la administración de los peajes, los moverá a un sitio que aún no sabe y que bajará en 20% su tarifa al quitarle el IGV.
Visión. El alcalde tiene una interpretación distinta de la ley. Foto: difusión
Respuesta de la empresa
Rutas de Lima, concesionaria de los peajes, rechazó las “afirmaciones falsas” del burgomaestre al aclarar que el tribunal arbitral ad hoc sí se constituyó en la actual gestión y que ya en dos arbitrajes se intentó la nulidad del contrato de concesión, “donde se desecharon los argumentos de la corrupción”.
La empresa también precisó que la única instancia para discutir estas controversias es la vía arbitral. Agregó que “cualquier acción que no respete a la medida cautelar es ilegítima”. “Esperamos que se respete y prime el Estado de derecho, sino sería un acto expropiatorio”, manifestaron sus allegados a La República.
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Grave amenaza
La presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Leonie Roca, lamentó la posición de López Aliaga porque podría alejar las inversiones privadas y criticó el silencio de los ministros de Economía y de Transportes.
Por el momento, el alcalde ha señalado que el procurador del municipio de Lima denunció penalmente a Luca Radicati, David Arias y Elvia Martínez, los tres integrantes del tribunal arbitral, que eligieron ambas partes, porque decidieron indebidamente, ya que no fueron llamados para tocar el tema de la caducidad del contrato.
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Claves
López Aliaga dijo que Rutas de Lima no realizó inversiones para los pasos a desnivel en la Ramiro Prialé, pero Lima no cumplió con entregar el 100% de los terrenos.
De darse la caducidad unilateral, Lima debe pagar 1.458 millones de soles por el endeudamiento.
