Arequipa: Policía pide información a Sunarp de prófugo alcalde

Hace tres semanas, Manuel Vera Paredes, el suspendido alcalde de Cerro Colorado, distrito de la provincia de Arequipa, está prófugo de la justicia. Desapareció desde que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa le ratificó una condena de ocho años de prisión por el delito de lavado de activos.

El viernes pasado, mientras la afición estaba concentrada en el encuentro entre Perú vs Corea del Sur, los teléfonos de algunos periodistas y la Policía recibieron un mensaje concreto. Que el prófugo burgomaestre llegó con un abogado a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) de la calle Ugarte para realizar trámites de propiedades. Incluso, revelan las fuentes, pidió hablar con el titular del despacho, José Luis Quilcate.

Requisitorias de la Policía, desplegó once agentes vestidos de civil a la sede de Sunarp en Cercado. La misión abortaría horas después al no encontrar al exfuncionario edil en esa institución.

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Quilcate, jefe de Sunarp, negó haber visto o atendido a Manuel Vera. La Policía Judicial y de Requisitorias le envió una notificación.

Notificación

En el documento firmado por el jefe de esta dependencia, capitán Luis Javier León del Carpio, le pide que informe sobre si el requisitoriado Vera Paredes realizó tramites de manera presencial en Registros Públicos. Le recuerda que dicho personaje tiene una condena vigente por un delito de corrupción y si efectúa alguna gestión de manera presencial debe informar a la Policía, incluso le proporciona os números telefónicos a dónde debe llamar.

El burgomaestre condenado se le escabulló a la Policía tras la sentencia condenatoria. El jefe policial, Ghino Malaspina, afirmó que la orden de captura llegó al área Requisitorias de Arequipa un día después de la lectura de sentencia. Eso le dio tiempo a que pueda huir. "Ha tenido tiempo suficiente para hacer unos actos preparativos y darse a la fuga esa persona", precisó en su momento.

La tardía emisión de la orden de captura lo investiga el Poder Judicial para determinar responsabilidades