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Sociedad

Sancionarán a quienes resulten responsables por defensas ribereñas en Piura

Tras la ruptura de las defensas en el tramo I y II las autoridades, el Colegio de Ingenieros de Piura solicitó una investigación a detalle de la obra. 

larepublica.pe
La Contraloría advirtió que la obra fue recepcionada con deficiencias físicas. Foto: La República

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Elmer Alzamora, indicó que desde el Colegio de Ingenieros se encuentran atentos a los procedimientos administrativos, penales, judiciales y más que involucren a sus profesionales, ya que desde su institución pueden emitir sanciones concretas, y hasta inhabilitaciones. Respecto al caso de los ingenieros del Gore, aseguró que esperarán la culminación de las investigaciones.

Declaró a la República que, tras la ruptura de las defensas en el tramo I y II es necesario una investigación exhaustiva que pueda analizar la calidad de vida del proyecto, el cual sufrió el levantamiento de sus losas a menos de un año de recepción.

“Hemos pedido a la empresa que nos explique lo que ha pasado. Este problema quizás sea del proyecto, quizás del procedimiento constructivo, o por la reducción de la caja hidráulica y se ha hecho un estrangulamiento del río, entonces las razones pueden ser varias”, mencionó.

El tramo I de las defensas ribereñas en el río Piura, que comprende desde la represa Los Ejidos hasta el Puente Cáceres, fue inaugurado por el gobernador Servando García en agosto del 2022, a pesar de que algunos meses antes la Contraloría advirtió que la obra fue recepcionada con deficiencias físicas, que nunca fueron subsanadas. Durante las lluvias de mayo de 2023, una parte de la estructura del Tramo I, se desprendió sorpresivamente, dejando a la ciudad de Castilla expuesta ante una inundación.   

Para la Contraloría, la ejecución del tramo II de las defensas ribereñas, a cargo del Consorcio Protección Piura y Castilla y que posteriormente culminó Pronte Ingenieros Constructores, comprendió el involucramiento irregular de al menos 21 exfuncionarios del Gobierno Regional, a quienes se les atribuyó responsabilidad penal por omitir procesos de verificación de información.