Fiscalía de la Nación archivó investigación contra excongresistas Javier Velásquez y Marisol Espinoza

Con la Disposición n.° 6, la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, concluyó que no hay mérito para formular denuncia constitucional contra los exparlamentarios Javier Velásquez y Marisol Espinoza, por lo que dispuso el archivo de la investigación por los delitos de tráfico de influencia agravado y cohecho pasivo propio, en el marco del proceso que se inició por el presunto favorecimiento a las empresas Tumán y Pomalca (región Lambayeque), con la aprobación de leyes a favor de sus intereses.

De acuerdo al análisis de los hechos investigados, el Ministerio Público sostiene que se atribuye a Javier Velásquez y Marisol Espinoza dicha comisión ilícita, ya que en 2011, cuando eran parlamentarios, habían promovido y votado a favor de la Ley N. ° 29995 y Ley N.° 29678, las cual establece plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronogramas de pagos, como en Pomalca y Tumán, ambas administradas por el Grupo Oviedo.

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Asimismo, indica que, según las declaraciones de un colaborador eficaz, Javier Veláquez habría sido favorecido con S/70.000, mientras que la investigada Marisol Espinoza habría recibido una suma de dinero no determinada y su hermano contratado en la empresa Tumán.

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Fundamentos

La Fiscalía de la Nación menciona que el parlamentario aprista solo se habría limitado a emitir su voto, el cual se ampara en el artículo 17 del Reglamento del Congreso. Incluso, menciona que el dinero que habría sido entregado al investigado, de acuerdo al colaborador eficaz, no obra en los actuados elementos de juicio, lo cual no corrobora que se haya realizado el pago ilícito a Javier Velásquez.

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En ese sentido, dice que no hay elementos probatorios colaterales que corroboren la información del colaborador eficaz, por lo que la fiscal de Nación, Patricia Benavides, precisa que no hay elementos probatorios colaterales y, por ende, no existe mérito para formular denuncia constitucional. Y lo mismo —precisa— con el delito de tráfico de influencias.

En el caso de Marisol Espinoza, la autoridad fiscal sostiene que no es posible afirmar que haya habido interés para la aprobación de las leyes a cambio de apoyar a su hermano con un trabajo en Tumán. En esa línea, indicó que solo hay una sindicación, por lo que corresponde archivar la investigación