Le enmiendan la plana al nuevo alcalde de Arequipa

La saliente gerenta municipal de la comuna provincial de Arequipa, María Antonieta Torres Espejo, negó que la deuda que deja la gestión sea de S/ 97 millones, como afirma el electo alcalde, Víctor Hugo Rivera.

Reconoció que las obligaciones pendientes ascienden a S/ 45 millones por pagos de beneficios sociales a trabajadores reincorporados judicialmente.

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“Es absolutamente subjetivo”, señala la funcionaria, quien agrega que ha corroborado dicha cifra con el administrador Harold Nina Berríos.

Torres también se pronunció sobre los S/ 400 millones que no se habría cobrado en impuestos, también denunciado por Rivera. La funcionaria lo considera “muy relativo”, porque en pandemia los ciudadanos no tributaban. Asimismo, hay otras deudas que han prescrito. ”La gente no paga porque hay muchas circunstancias. Yo quiero saber si el nuevo gerente va a recuperar esos millones. Hay mucha deuda prescrita”, manifestó.

Ejecución de gasto

Respecto a la ejecución de gasto que, según el MEF, la MPA no llega al 50%, Torres advierte que el gasto debe analizarse por lo certificado para proyectos de inversión. Según explica, el certificado indica la separación del dinero para una obra futura del siguiente año.

Del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), de S/ 111 millones, precisa que S/ 98 millones están certificados, es decir, son recursos (en ejecución y reservados) para ejecutar diferentes obras, entre ellas, el intercambio vial del Bicentenario. Siguiendo este criterio, la funcionaria asegura que han ejecutado casi el 90% del presupuesto de inversión.

“Kennedy (Bicentenario) se lleva casi el 60% del presupuesto. Tiene certificados S/ 59 millones 944 mil. No se ha ejecutado porque el adicional (N° 11) está en la Contraloría”, refiere. El ente de control ha observado un incremento de S/ 13 millones.

Torres justifica la importante cantidad de adicionales a la obra señalando que estas son por errores en el expediente.

Ampliar botadero

Ante la advertencia de la Defensoría del Pueblo, de que el botadero municipal Quebrada Honda (Yura), llegaría al límite de su capacidad en febrero del 2023, Torres asegura que están dejando encaminada una iniciativa para ampliar el botadero.

La obra, que proyecta ampliar las celdas, consiste en seguir hundiendo los residuos. Hay otro proyecto de nuevo botadero pero aún está en camino.

Torres indica que Quebrada Honda ha sido recategorizada con un plan de reconversión porque la generación de residuos sólidos se ha incrementado. Al día se arrojan entre 800 y 900 toneladas. Todos los municipios distritales llevan sus residuos a ese lugar desde la clausura de los botaderos clandestinos.

Por otro lado, Torres desmintió una supuesta pérdida de vehículos revelada por la gestión entrante. Aparentemente, se trata de una confusión, precisó.

Burocracia, corrupción e inestabilidad

Entre los motivos por los cuales las obras se retrasan en su ejecución, la gerenta municipal, Torres Espejo, considera en primer lugar a la burocracia. Comenta que un proceso de selección, dependiendo la cuantía, puede durar hasta cuatro meses. En una obra como el bicentenario, demoró bastante tiempo conseguir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“Yo creo que el Estado, en su afán de tener una política anticorrupción, ha burocratizado mucho los procesos de contrataciones. Hay operadores que no tienen mucha experiencia. En Logística no se han podido concretar muchos (trámites) porque hay temor legítimo de los proveedores por la inestabilidad política. Para que cotizo si ya no vas a estar en la gestión, de repente no me van a pagar (les dicen)”, añade.