Azul Rojas Marín recibió el perdón del Estado peruano, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinara de que sus derechos fueron vulnerados cuando denunció haber sido víctima de torturas y violación sexual por parte de la Policía Nacional del Perú a inicios del 2008.
Diversos representantes de entidades gubernamentales participaron del acto protocolar, entre ellos, la ministra de la mujer, Claudia Dávila, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y el ministro de Justicia, Felix Chero.
Marín, de 41 años, recordó durante su discurso que el Estado peruano sigue sin cumplir con otras medidas dictaminadas por la CIDH como la atención integral hacia su persona.
“Soy un ser humano, al igual que el resto. Merezco ser feliz. Son quince años que no he podido trabajar tranquila, estudiar. Son quince años de mi vida, claro que no fue en vano”, manifestó.
La ministra de la mujer, Claudia Dávila, reconoció que el Perú tiene limitaciones en garantizar los derechos humanos de las personas trans.
“Quiero expresar nuestro reconocimiento a la lucha constante e incansable de Azul. No te canses Azul, no estás sola, nunca lo estuviste”, dijo.
Foto: URPI
Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se comprometió a que cada acto fiscal tenga presente la aplicación del enfoque de género
“Hemos dispuesto que la investigación que se siguió ante la fiscalía provincial penal corporativa de Ascope sea derivada a la tercera fiscalía especializada en derechos humanos, interculturalidad y delitos de terrorismo de Lima, que desde fines de setiembre del presente año viene asumiendo todas las investigaciones en agravio de la señora Azul Rojas”, agregó.
Finalmente, el ministro de Justicia, Félix Chero Medina, mencionó que la ceremonia representaba un hito en la historia nacional.
“Azul, tu esfuerzo no ha sido en vano, no estás sola. Aquí hay un compromiso de Estado de todos los que estamos presentes”, señaló.
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El 25 de febrero del 2008, Azul Rojas Marín caminaba sola en dirección a su domicilio a las 12.30 a. m. cuando se le acercó un vehículo de la Policía Nacional del Perú. Luego de hostigarla, los efectivos regresaron para golpearla, insultarla y obligarla a que suba al auto.
Una vez en la comisaría de Casa Grande, provincia de Ascope, en La Libertad, fue torturada y violentada sexualmente hasta las 6.00 a. m.
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Sobre el caso Rojas Marin vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó, en el 2020, que el Estado peruano tenía responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, la vida privada, las garantías judiciales y a la protección judicial de Azul.
La CIDH constató, además, que actualmente aún existen prejuicios contra la población LGBTI en el país y que los miembros de la PNP y de Serenazgo continúan manifestando hechos de violencia contra estas personas.
Foto: URPI
También se detalló que la agresión sufrida por la denunciante estuvo motivada por su orientación sexual y que esto significaba una amenaza a la libertad y dignidad de este grupo social.
Finalmente, se ordenó el cumplimiento de un número de medidas de reparación, entre ellas, el perdón de su país y la eliminación del indicador ‘erradicación de homosexuales y travestis’ en los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú.