El fiscal provincial coordinador de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), José Tejada, aseveró que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) no presentó en su despacho el plan de contingencia para especies arbóreas de la avenida José Balta; tal como el ayuntamiento aseguró ante el Poder Judicial. Esto en respuesta a la medida cautelar que suspendió la poda y posible tala de árboles.
El magistrado enfatizó que, en el marco de la investigación por el delito de alteración del paisaje urbanístico, se solicitó a la comuna los informes científicos y técnicos de impacto ambiental que comprendan la protección a la flora y la fauna en la avenida José Balta, donde se ejecuta la obra de renovación de veredas y adquisición de mobiliario urbano por más de S/ 4 millones.
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“La FEMA no recepcionó ningún documento sobre impacto ambiental, específicamente, para las especies arbóreas. No puede haber un plan de contingencia, basta con observar cómo quedaron los árboles”, expresó Tejada.
La Municipalidad Provincial de Chiclayo no respondió por los cuestionamientos sobre la poda de los árboles. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR
En diálogo con La República, el representante del Ministerio Público lamentó las condiciones en las que se encuentra el paisaje urbanístico de dicha zona. “De los árboles solo quedan troncos, pues no tienen fuste (ramas y hojas). Además, las raíces están expuestas, lo que hace proclive que caigan. En estas condiciones están condenados a morir”, afirmó.
Es preciso indicar que el municipio chiclayano informó al Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria con Especialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercados y Ambientales con Competencia en Lambayeque, La Libertad y Cajamarca que sí cuentan con un plan de contingencia ante posible riesgos para las especies arbóreas. El objetivo es se deje sin efecto la medida cautelar.
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“El Poder Judicial tiene que evaluar los fundamentos que presentó la comuna, así como realizar diligencias que comprendan una inspección técnica en la zona para conocer in situ la situación en que se encuentran los árboles urbanos. De esta manera, la autoridad judicial verificará si el tema urbanístico está bien cautelado”, planteó el magistrado.
Tejada enfatizó en que la investigación se declaró compleja para ejecutar una serie de acciones que incluyen peritajes con la finalidad de tener una valorización de la afectación urbanística”, remarcó. “El plazo de la investigación es de ocho meses y los avances son importantes a fin de culminarla, lo que significa que se determinará si se entabla o no investigación preparatoria para que se identifiquen responsabilidades”, aseveró.