La población de más edad y riesgo: la defensa de los derechos del adulto mayor durante la pandemia

Miguel Bravo tiene 80 años y vive en San juan de Miraflores, Lima. Antes de la pandemia, disfrutaba de atender a sus clientes en la pastelería que tiene junto a su esposa. Ahora su estilo de vida ha cambiado por completo: “Estoy en mi mundo de cuatro paredes, encerrado, tengo que cuidarme y aguantarme, pues soy diabético, hipertenso y tengo arritmia”.

Todo lo que ha escuchado sobre el coronavirus lo tiene preocupado. No entiende cómo esta situación no pudo haberse previsto: “No hay oxígeno, cómo es posible. En esta situación, mis hijos tendrían que estar mendigando por mis medicinas y no conseguirían nada”. Por ello, ha asumido que lo peor puede pasar: “Cuando me hago la idea de lo que me puede suceder si me contagio, tengo que aceptarlo con resignación. Debido a mis enfermedades y la edad, tengo que aceptar lo que venga”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que son diversas las variables que ponen en riesgo a las personas mayores; por ejemplo, presentar enfermedades cardiovasculares, respiratorias o padecer de diabetes. Además, con el envejecimiento se provoca un desgaste del organismo que les hace más difícil combatir nuevas infecciones.

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Motivos por los que algunos adultos mayores han aceptado con resignación que son el sector de la población más golpeada por la enfermedad. Según la Sala Situacional COVID-19, de las 6.688 personas que fallecieron hasta el lunes 15 de junio a causa del coronavirus, 4.567 tienen más de 60 años. Este grupo representa el 68,3 % del total de las víctimas.

En este contexto, es imprescindible garantizar el derecho de acceso salud de esta población. Por ello, generaron controversia las declaraciones de Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), en una conferencia de prensa, tras casi dos meses de cuarentena: “No estamos permitiendo el ingreso de adultos mayores a UCI”. Luego se rectificó mediante un comunicado, donde explicaba que la edad es uno de los criterios para admitir a una persona en UCI, siempre y cuando exista el dilema de la última cama.

“A nosotros nos dolió mucho escuchar esas declaraciones, ni siquiera se nos quiere dar la posibilidad de vivir. Se puede hablar de discriminación por edad, pues simplemente te dicen: ‘Tú ya viviste y chau’, cuando haciendo el esfuerzo muchas personas mayores logran sobrevivir”, dijo a La República Mercedes Viera, miembro del colectivo Mesa de Concertación sobre Personas Adultas Mayores y abogada especialista en el tema.

No obstante, los adultos mayores han tenido problemas para acceder a los servicios de salud desde el primer día de la cuarentena ya que, de acuerdo a la geriatra Marcela Mar, “a pesar de que se sabía que iba a ser el grupo más golpeado por el coronavirus, las medidas que se tomaron fueron generales y no específicas para ellos”.

La estrategia que se emprendió para intentar que el sistema de salud pueda contener la pandemia terminó por perjudicarlos: “Se cerraron las consultas ambulatorias de muchos hospitales, los adultos mayores hipertensos o diabéticos no acceden a su consulta y medicación, y se están descompensando. Los pocos servicios de geriatría fueron convertidos en unidades COVID. Los geriatras fueron puestos en la primera línea de atención a pacientes contagiados”, explica la doctora.

Salud mental durante la pandemia

Alicia Lezcano Mostacero, de 75 años, vive sola en una casa prefabricada en Chincha Alta, Ica. ‘El rancho’, como ella llama a su hogar desde que se mudó en el 2012, solía ser un lugar de encuentro con sus hijos y sobrinos, pero desde que llegó la pandemia no puede estar en contacto con nadie.

“No veo a mis hijos, solo vienen a dejarme el almuerzo y se van, como soy mayor de edad tienen miedo de entrar y contagiarme. A veces siento pena y tristeza, yo digo: si me enfermo nadie va a venir a verme, cómo van a hacer”, dice Alicia.

En el país hay 3.9 millones adultos mayores, estos representan el 12.4 % de la población general, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, más de 241.000 hogares están a cargo de una persona de más de 60 años, de los cuales 43,5% están constituidos por cónyuges e hijos y en el 23,6 % vive un adulto mayor solo.

“Yo tengo discapacidad, me preocupa, porque no puedo caminar bien y casi ni veo, trato de ir al baño agarrándome. Vivo sola, mis hijos a veces me quieren llevar a su casa, pero yo no puedo, siento incomodidad”, dice Alicia Lezcano.

El aislamiento obligatorio no solo ha dificultado el acceso del adulto mayor a los servicios de salud, sino que la medida tampoco consideró su opinión ni sus diferentes dinámicas de vida, lo que ha afectado su bienestar emocional.

“No se les preguntó si vivían solos, quién los iba ayudar con las compras o para ir al banco. No es que la persona adulta mayor sea débil para enfrentar la cuarentena, sino que sus niveles de estrés van a aumentar, porque el sistema no está preparado para acompañar su autonomía en estas circunstancias”, explica Gina Bardelli, psicóloga clínica y representante de la Red Internacional de Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA).

Además, la cantidad de información sobre la COVID-19 en los medios de comunicación hace que este sector de la población tenga más dificultades para lidiar con el confinamiento: “Es cierto que se quiere que no se contagien, pero obligarlos a permanecer en casa también genera incremento de la ansiedad, porque las noticias que escuchan es que la mayor cantidad de personas que mueren son adultos mayores”, agrega la especialista.

Una de las iniciativas destinadas a conocer a detalle a los mayores de 60 años es la Red Amachay, que comenzó con llamadas de voluntarios para brindarles soporte emocional e identificar signos de alarma por coronavirus. Ahora se planea implementar una segunda etapa en la que se realizarán visitas domiciliarias.

A pesar de los avances, aún falta un largo camino por recorrer en la protección de su salud mental, ya que se necesita una actualización de la Política Nacional referida a las Personas Adultas Mayores de 2013, documento que plantea objetivos y lineamientos en cuanto a salud, empleo e integración social.

“La información que se va a extraer [de la red Amachay] debe servir de insumo para la Política Nacional, donde debe estar claramente determinado qué se va a hacer en relación a la salud mental: qué se va a hacer en relación a las personas mayores que viven solas o a las mujeres mayores que son cuidadoras”, señala Gina Bardelli.

Hacia una defensa regional de los derechos del adulto mayor

En el Perú, la Ley Nº 30490 protege a la Persona Adulta Mayor, pero todavía no se ha alcanzado un amparo a nivel regional, pues el país no ha ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El 14 de junio del 2018, el Congreso aprobó por unanimidad la adhesión a esta Convención. No obstante, sigue sin ser ley, pues el pastor Juan Carlos Gonzales Ardiles de Fuerza Popular presentó dos solicitudes de reconsideración. El motivo quedó escrito en una carta firmada por los voceros de esta bancada, APRA, Cambio 21, Concertación parlamentaria y APP.

“Hemos sentido que ha sido un capricho, la carta firmada por Carlos Tubino, Mauricio Mulder y otros congresistas dicen que la defensa de derechos humanos no debe tener un contenido ideológico de género. Afirman que Chile y Argentina han presentado reservas a la Convención por esos términos, lo cual es mentira. Nosotros consultamos a los países y no han declarado ninguna reserva en relación a nada”, señala la abogada Mercedes Viera experta en Derechos Humanos del adulto mayor.

Ayer se cumplieron dos años desde aquel día. Si el Congreso actual decidiera rechazar la reconsideración, el Perú podría ratificar este instrumento regional y dar un paso más en la defensa de los ciudadanos mayores de 60 años.

El artículo 19 de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores establece que esta población tiene derecho a la salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. Si el Estado llegara a vulnerar estas normas, no haber suscrito este mecanismo dificultaría el proceso en búsqueda de justicia.

“Para que se dé un proceso en la CIDH, el Perú debe tener como ley la Convención, sino solamente queda como una consulta. Se podría hacer una demanda por el incumplimiento de la protección de los derechos humanos en general, pero no con la especificidad que da este instrumento para las personas adultas mayores”, explica la letrada.

Mientras tanto, la lucha por los derechos de la persona mayor continúa, pues no es un tema que los involucra solo a ellos, sino al país entero, ya que en algún momento todos llegaremos a tener 60 años.