Por: Roberth Orihuela y Alexander Flores
En Cusco, la jefa de la de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Mildred Fernández Palomino, está en el ojo público por haber firmado el pasado 3 de mayo un contrato con la asociación pro vivienda La Chosita con el fin de que obtenga habilitación urbana dentro de la zona arqueológica inca de Pumamarca, distrito de San Sebastián.
Algo que, en palabras del exministro de Cultura Jaime Castillo Butters, habría sido virtualmente imposible y además antiético. “¿Cómo un arqueólogo podría prometer la depredación de un recinto cultural?”.
Cuando Mildred Fernández firmó el contrato, por el que los asociados de La Chosita se comprometían a pagarle S/6 mil, era una arqueóloga más en Cusco. En ese momento, la profesional asumió la elaboración del expediente para que el asentamiento no tenga la condición de área protegida. Con la habilitación urbana, los socios accederían a servicios básicos. Y le dieron un adelanto de mil soles.
Sin embargo, un mes después fue nombrada jefa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Un puesto clave, cuya misión es la protección de los recintos arqueológicos.
De acuerdo con Fernández, apenas asumió el cargo, rescindió el contrato con los socios de La Chosita y devolvió el dinero que le pagaron. Según ella, asumió el caso, debido a que el exministro de Cultura Alejandro Salas Zegarra se comprometió, mediante un acta del 21 de abril, a revisar la exclusión de diversas asociaciones ubicadas en recintos arqueológicos.
Al respecto, el especialista en gestión pública Jorge Sumari Buendía señaló que lo que la arqueóloga hizo fue un acto ilegal, porque se trata de un “imposible jurídico”. Y, de igual forma, la posición política del exministro tampoco tendría validez. “Debían ser denunciados ante el Ministerio Público. Porque los terrenos arqueológicos son inalienables, imprescriptibles e intransferibles”.
”La labor del funcionario de Cultura no es hacerle la vida más fácil a la informalidad, sino salvaguardar nuestros recintos culturales”, dijo el exministro Jaime Castillo. Pidió que la funcionaria no apoye esta asociación porque sería una acción antiética.