Lambayeque: Defensoría del Pueblo supervisará el correcto mantenimiento de 67 ambulancias
La Geresa aprobó el plan de mantenimiento para estos vehículos luego de la detección de deficiencias y riesgos alertados por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público respecto al traslado de pacientes.
Hace unos días, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque aprobó, mediante Resolución Regional n.° 406-2022-GR-LAMB/GERESA, el plan de mantenimiento de 67 ambulancias de esta región. Ante esto, la Defensoría del Pueblo anunció que desplegará acciones de supervisión para corroborar que dicha labor se desarrolle de forma correcta en beneficio de los pacientes.
Mediante una nota informativa, la entidad defensorial recordó que, junto al Ministerio Público, se alertó respecto a deficiencias y riegos en el funcionamiento de estos vehículos asignados a los diversos establecimientos sanitarios, lo que ponía en peligro la salud y vida de las personas. Las ambulancias no había recibido mantenimiento reciente y algunas carecían de SOAT.
“Hemos podido detectar que el Gobierno Regional no está garantizando el traslado seguro de pacientes, considerando que el mantenimiento de ambulancias se realiza con saldos presupuestales o que el presupuesto resulta insuficiente”, remarcó el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, en declaraciones recogidas por la propia entidad.
El titular de la Defensoría del Pueblo enfatizó que, de verificarse que las autoridades no cumplan con el referido plan, se interpondrían denuncias ante la fiscalía penal de turno para que se determine responsabilidades. En el marco de sus facultades, la entidad realizará visitas a los centros de salud para recoger información sobre el avance del mantenimiento a las ambulancias.
Julio Hidalgo pidió a Anselmo Lozano adoptar acciones de inmediato.
Hidalgo Reyes precisó que el Gobierno Regional de Lambayeque debe tener una partida presupuestal fija anual que garantice el mantenimiento obligatorio y constante a estas unidades, para que esta labor no siga como una situación eventual que vulnera los derechos de la población.