La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la recuperación de la infraestructura pública del colegio Jesús Alfonso Tello Marchena, ubicado en el centro poblado Cojal, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Cayaltí (provincia de Chiclayo) con un presupuesto de S/ 3 557 664, transferido por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Según el Informe 037, la publicación del otorgamiento de la buena pro, así como su consentimiento y la suscripción del contrato, se realizó fuera del plazo establecido y al margen de la normativa, lo cual afectó la transparencia, la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.
El ente de control señaló que el ayuntamiento convocó la Contratación Pública Especial 001-2020 para la ejecución de los trabajos; sin embargo, se declaró nulo. Por eso, el 7 de agosto de 2020 se realizó un nuevo cronograma y las bases administrativas quedaron integradas en agosto del mismo año.
Resultados. La Contraloría detectó indicios de irregularidades, y está en marcha una auditoría, cuyos informes salen en abril. Foto: Félix Contreras/La República
En ese sentido, se detectó que el comité de selección no observó el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios al haberse publicado el otorgamiento de la buena pro después del plazo establecido, así como el consentimiento de aquella y su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).
También se verificó que el consorcio ganador no acreditó la experiencia del personal clave, como es el residente de la obra, para la suscripción del contrato. A pesar de esta situación, la comuna continuó con los trámites.
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Asimismo, el contrato de ejecución de obra 01-2020 omitió la cláusula referida a la asignación de riesgos del contrato de la obra. La Contraloría remarcó que dichos hechos evitaron la posibilidad de acceder a mejores propuestas para la ejecución de la obra.
De acuerdo a los fundamentos de la Contraloría, se determinaron presuntas responsabilidades penales y administrativas en los miembros del comité de selección: César Limo (presidente), Jesús Martínez (primer miembro) y Víctor Romero (segundo miembro).