Impunidad. En la provincia de Condorcanqui, Amazonas, los expedientes de denuncias de abusos sexuales y tocamientos indebidos cometidos por profesores a sus estudiantes han desaparecido. Nadie los ha robado, han hecho algo peor: han quemado toda evidencia de su existencia.
La noche del martes 28 de junio, mientras padres de familia y un grupo de profesores realizaban una marcha en la que pedían cambios en la gestión educativa, se registró un incendio en la UGEL. El siniestro consumió este lugar y dos colegios cercanos, de acuerdo a información de Epicentro.
En la sede de la UGEL estaban aproximadamente 600 documentos que daban cuenta de presuntos abusos sexuales cometidos por profesores a menores de edad. Estas denuncias, según el director regional de Educación de Amazonas, Roger Guevara, más allá de ser procesadas, eran guardadas en bolsas de yute. Por ello, no era tan difícil eliminarlas.
Incendio en UGEL de Condorcanqui. Foto: Andina
La principal hipótesis es que el siniestro habría sido provocado para desaparecer las pruebas. En el 2019, Guevara había revelado que los abusos sexuales a escolares habían aumentado a 400.
Abrir de nuevo todos los expedientes significaría que las menores vuelvan a contar las experiencias traumáticas por las que pasaron (revictimizarlas) y que retrocedan en su proceso de sanación. En Condorcanqui, Amazonas, la impunidad se ha impuesto otra vez.
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).